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Gaudes ve una "buena noticia" que el TSJA dé 12 meses para licitar el bus en Zaragoza y PSOE, ZEC y Vox critican la prórroga

Avanza seguirá gestionando el transporte público hasta que se adjudique el nuevo contrato.

Ángel Lorén y Tatiana Gaudes, este lunes al entrar en la comisión de investigación
Ángel Lorén y Tatiana Gaudes, este lunes al entrar en la comisión de investigación
Oliver Duch

"La sentencia es una buena noticia". Así lo valora la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que acaba de ampliar a 12 meses el plazo que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza para redactar los nuevos pliegos de concesión del autobús urbano. No comparten su optimismo desde la oposición. El socialista Chema Giral sostiene que "se confirma que la prórroga no se podía hacer", una denuncia que suscribe Elena Tomás, de ZEC. Para Julio Calvo, de Vox, el plazo de un año "va a resultar un serio problema para el equipo de Gobierno".

Gaudes asegura que el Ayuntamiento "ya está trabajando en la redacción de los pliegos y hay margen para ello". El pasado martes, de hecho, se celebró una reunión de la comisión técnica que dejará constancia del trabajo realizado. No en vano, recordó la concejala, el contrato del transporte público es "el más grande" del Consistorio y pidió que se tenga consciencia de que han pasado "casi tres años de pandemia" y que para poder elaborar los pliegos "es necesario contar con datos fiables". "La prórroga con Avanza se mantendrá hasta que esté adjudicado el nuevo contrato", aclaró. Otra cuestión es desde cuándo se empieza a contar el plazo. La sentencia, en principio, sería ya firme porque el auto recoge que "no cabe recurso". Aunque queda alguna duda que así sea. 

En un año tienen que estar listos los pliegos de condiciones, pero otra cosa es cuándo se adjudica el transporte público, pues se dilatará ampliamente por encima de ese año.

El socialista Chema Giral considera que el fallo del TSJA deja constancia de que "no hicieron las cosas bien y no tendrían que haber prorrogado el contratado". Parece, en su opinión, que se intenta dilatar el proceso. Aunque se amplía ahora el plazo, Giral sostiene que es un nuevo "revés" judicial al Consistorio. E insiste en que, aunque la comisión de investigación del autobús concluyó que las prórrogas son legales, en este caso "no se debió hacer, como se acaba de confirmar en el juzgado".  

El portavoz de Vox, Julio Calvo, piensa que licitar el contrato "va a resultar un serio problema para el equipo de Gobierno". Queda claro, en su opinión, que "la prórroga fue un error, ya que no contemplaba la existencia de una sentencia previa que le obligaba a licitar la concesión a la finalización del contrato, en agosto de 2023". Recuerda, además, que se negoció y decidió "meses antes de hacerse pública". Defiende el de Vox que debería incluir la reorganización de las líneas y que, con 12 meses de plazo, no podrán hacerlo. Como el socialista Giral, recuerda que se tendrá que abrir una negociación para que  la empresa "pueda ser resarcida de los gastos que ha adelantado por la compra de los autobuses eléctricos". "El equipo de Gobierno y la ciudad tienen un problema como consecuencia de una concatenación de decisiones erróneas", sostuvo.

Elena Tomás defiende que la Justicia "ha desmontado el argumento de que era necesaria la ampliación para evitar perder los fondos europeos". Ahora se tendrán que licitar "en unos plazos inferiores a los que en su día aprobó el Ayuntamiento y aún así no se perderán los fondos". A juicio de Tomás, "se demostrará que la prórroga era una excusa para mantener a Avanza al frente del contrato sin licitación".

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