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El juez corrige al alcalde de La Muela y reduce la suspensión de empleo a la funcionaria que lo denunció
Adrián Tello (CHA) expedientó a la empleada que lo denunció por acoso y corrupción y la suspendió de sus funciones durante seis meses alegando que un juzgado la investiga por un delito de revelación de secretos.
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza ha decidido corregir la resolución que el alcalde de La Muela, Adrián Tello (CHA), dictó el pasado 24 de mayo para suspender de empleo durante seis meses a la funcionaria municipal que a principios de año lo denunció por acoso laboral y prevaricación. La expedientada, Patricia L. R., consideró esta decisión una «represalia» y decidió recurrirla. De hecho, su abogado, Marco Antonio Navarro, solicitó como medida cautelar que se dejara sin efecto la orden del regidor. Y aunque la Fiscalía se opuso, tras estudiar de forma minuciosa el caso, el magistrado concluye ahora que «no tiene sentido prolongar excesivamente la duración de la suspensión provisional de funciones». De manera que la reduce de seis meses a poco más de uno.
El regidor incoó un procedimiento disciplinario contra Patricia L.R. apoyándose en la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de La Almunia de abrir diligencias penales contra la técnico de la administración general (TAG) como presunta autora de un delito de descubrimiento o revelación de secretos. En concreto, por acceder desde un ordenador personal y fuera de las horas de trabajo a la plataforma de gestión del Ayuntamiento de La Muela, donde tuvo acceso a «información sensible».
Como apunta ahora el juez de lo Contencioso Administrativo 3 al pronunciarse sobre la cautelar, cabe recordar que fue el propio alcalde quien denunció las posibles irregularidades de la funcionaria ante la Fiscalía. Pero lo hizo el 15 de febrero de 2023, después de que ella lo hubiera denunciado por acoso laboral, solicitando incluso una orden de alejamiento. Por lo tanto, aunque se habrían abierto diligencias penales tanto contra el regidor, primero, como contra la TAG, después, la única que habría sido apartada cautelarmente de sus funciones sería la segunda.
En un extenso informe de siete páginas, la Fiscalía se mostró contraria a dejar sin efecto la suspensión temporal de empleo de la técnico. Como podía preverse, el Consistorio de La Muela hizo lo propio. Sin embargo, finalmente, el magistrado se ha decantado por la estimación parcial de la medida cautelar. Explica en su auto que «el sentido de la suspensión provisional de funciones es evitar la reiteración de las posibles conductas infractoras». Por otro lado, reconoce que transcurrirá el plazo de seis sin que haya una sentencia firme contra Patricia L. R. por el presunto delito de revelación de secretos.
Así las cosas, «para acompasar todos los intereses en juego», el magistrado limita la suspensión de empleo de la TAG hasta el 2 de julio. Tiempo que considera «factible» para que el Ayuntamiento pueda introducir mejoras en su plataforma de gestión de cara a limitar el acceso desde ordenadores privados a datos sensibles. Sobre todo, porque el juez cuestiona las medidas de seguridad informáticas del Consistorio y entiende que deben ser corregidas.
