zaragoza

Dos mandos de la Policía intentan justificar la grabación que puede llevarlos a prisión

Un jurado popular los juzga desde ayer en Zaragoza por el presunto hurto de botellas de licor y vino, ropa, perfumes y otros objetos que se custodiaban en la Jefatura Superior de Aragón. 

Los dos acusados, durante el juicio con jurado que comenzó ayer en Zaragoza.
Los dos acusados, durante el juicio con jurado que comenzó ayer en Zaragoza.
Toni Galán

Un jurado integrado por cinco mujeres y cuatro hombres comenzó a juzgar ayer en la Audiencia de Zaragoza a dos mandos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón por la supuesta sustracción de 377 botellas de vinos y licores, así como de 319 efectos, desde perfumes a prendas de ropa, que habían sido intervenidos en dos operaciones distintas y que estaban bajo su custodia. Los acusados, el inspector jefe de la Brigada Móvil y exresponsable de la de Seguridad Ciudadana, Enrique G. B., y el responsable de facto del Grupo de Hurtos, el subinspector Rafael A. P., fueron suspendidos de empleo y sueldo a raíz de estos hechos, de los que se supo a través de un escrito anónimo.

Los dos funcionarios están ya jubilados, lo que les permite cobrar la pensión, pero la Fiscalía pide ahora para cada uno de ellos tres años de prisión por un delito de malversación o, subsidiariamente, de apropiación indebida. Cabe recordar que, según el peritaje judicial, los efectos que ‘desaparecieron’ entre el 7 y el 8 de septiembre de 2019 fueron valorados en 40.000 euros (22.000 euros las botellas y otros 18.000, la ropa y resto de objetos). La acusación popular, ejercida por del abogado Marco Antonio Navarro, en nombre del sindicato Jupol, propone que la condena sea mayor: seis años de cárcel. Y lo hace, dice, porque «lo que hicieron estos señores no representan a la Policía».

Las defensas, a cargo de los letrados Enrique Esteban y Pilar Sangorrín, niegan que los policías se apropiaran de objeto alguno y consideran que se sientan en el banquillo solo por obedecer una orden. En concreto, por encargarse del traslado de las botellas y el resto del material intervenido desde los antiguos calabozos de Jefatura a la comisaría de Mayandía. Un trabajo, aseguran, que «ordenó el jefe superior y que ellos se limitaron a efectuar».

Los letrados destacan el hecho de que el anónimo que destapó el supuesto hurto llegara el 9 de septiembre de 2019, justo al día siguiente del controvertido traslado. Para las defensas, era «materialmente imposible» que alguien supiera con tan poco tiempo que no estaban todos los licores o perfumes decomisados. Y de ahí que concluyan que todo fue un «complot». «Los verdaderos responsables de la sustracción señalaron a estos dos policías para desviar la investigación e incriminarlos a ellos. Porque faltaban botellas, sí, pero antes de que se hiciera el traslado», indicaron.

Por estos hechos fueron investigados cuatro policías, dos de ellos de la escala básica, que también estuvieron suspendidos de empleo y sueldo. Sin embargo, a lo largo de la instrucción del caso en el juzgado, se concluyó que estos últimos agentes participaron en el traslado del material porque así lo dispusieron los    enjuiciados, que eran sus superiores.

«Respecto al secretario y chófer de Enrique G. tuve más dudas, porque creo incluso que pudo quedarse botellas. Pero entendí que dependía tanto de su jefe que no tuvo libertad suficiente para contradecir sus órdenes», señaló al jurado la fiscal para justificar por qué solo acusa a los dos mandos. Porque finalmente se archivó la causa respecto a los dos agentes.

Preguntas sin respuesta

El primero de los encausados en dar su versión de los hechos fue Enrique G. B., quien aseguró que trasladó las botellas y resto de objetos por «orden directa del jefe superior», algo que este último niega. En cuanto a por qué prefirió hacerlo un domingo y con personas ajenas al Cuerpo Nacional, explicó que «para evitar afectar al trabajo diario de Jefatura» y «porque eran gente de confianza». En concreto, dos vecinos de su pueblo, Jarque de Moncayo.

Cuando la fiscal le preguntó si se apoderó de algún material, el acusado fue rotundo: «Llevé todo lo que había de un lado a otro». «¿Y por qué abrió unas cajas que estaban precintadas y en depósito, saltándose la cadena de custodia?, porque eso fue lo que grabaron las cámaras», le inquirió. «Las cajas ya estaban abiertas antes, ya habían roto esa cadena. Yo solo quería ver qué contenían para hacer un inventario», contestó el acusado. «¿Y no se dio cuenta que actuando así lo manipulaba y destrozaba todo? Además, en el vídeo no se ve a nadie tomando notas», insistió la fiscal.

Para probar que sí desapareció material en el traslado, el Ministerio Público preguntó a Enrique G. «¿por qué no aparecieron nunca dos botes de perfume de Jean Paul Gaultier que se ve en el vídeo que metieron en un caja?». «No sabría decirle», dijo. «¿Y por qué los probó?», continuó preguntando, «Por simple curiosidad», confesó.

El subinspector de Hurtos,Rafael A. P., también intentó justificar las grabaciones. «Cuando me dijo el inspector jefe que iban a hacer el traslado, yo cogí algunas botellas a modo de muestras, porque fue lo que me pidió el juzgado», declaró, aunque esto último no está probado. «Yo no me llevé nada, abrí alguna caja solo por lo que he dicho. Pero esas botellas se quedaron en otro cuarto», insistió  el investigado. Al igual que a su compañero de banquillo, la fiscal le preguntó que, si actuó de este modo, «¿dónde está la botella de ron blanco que se le ve claramente coger en la grabación y que no hizo constar en ninguna relación?». Pero tampoco supo responder.

Asuntos Internos habla de una actuación «totalmente irregular»

Además de a los dos acusados, el jurado pudo escuchar ayer las explicaciones de varios de los máximos responsables de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Estaba previsto que declarara el propio jefe superior, Juan Carlos Hernández, pero los interrogatorios previos fueron tan largos que hubo que aplazar su comparecencia a hoy. La primera en ser interrogada como testigo fue la instructora de la información reservada que se abrió tras la recepción del anónimo. Al detectar indicios de delito en la actuación de los dos mandos, esta acabó dando cuenta a los juzgados.

La funcionaria aclaró que «no es normal, parada nada» que se efectúe un traslado de material durante un fin de semana. «Es totalmente irregular que se abrieran las cajas –añadió–, que se probaran las colonias, que se hicieran fotos de los cosméticos… No había ningún motivo que lo justificara». «Y todavía es más irregular que se hiciera con gente ajena a la Policía Nacional, cuando tenemos un grupo de mantenimiento para ello», apostilló. También recordó que las cajas estaban «en perfecto estado y con su correspondiente acta de custodia, con el número de atestado, contenido, juzgado que lleva la causa…».

El juicio se prolongará hasta mediados de la próxima semana, cuando el tribunal popular deberá emitir su veredicto.

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