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"Hay que acabar con los cuarteles fantasma y agrupar a la Guardia Civil por comarcas"
Jucil y CSIF tildan de "valiente" el informe del Justicia de Aragón y exigen también una reorganización de la Benemérita en la Comunidad. Apuestan por cuarteles abiertos las 24 horas y dotados con entre 35 y 60 agentes.
El déficit de plantilla que históricamente arrastra la Guardia Civil en Aragón ha llegado al punto de mantener muchos cuarteles fantasma con una dotación de dos agentes, uno de los cuales tiene que hacer servicio de puertas y el otro ir a otro pueblo a buscar a un compañero para formar una patrulla. En algunos casos llega a haber hasta cuatro guardias, pero el resultado es el mismo: la incapacidad de ofrecer un servicio de 24 horas.
"La carencia no es de ahora, proviene de la dejadez de los distintos gobiernos de los últimos 30 años. Hace tiempo que la Administración no invierte en seguridad", denuncian la asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato CSIF. Así, se ha llegado a una organización y medios que se han quedado obsoletos para abordar una delincuencia del siglo XXI.
Y si a este problema se le añade el hecho de que la demarcación de la Guardia Civil supone más del 90% del disperso territorio de Aragón, la seguridad de los ciudadanos y sus bienes "es difícil de garantizar".
Los responsables nacionales de Jucil, Ernesto Vilariño y Agustín Leal, y el presidente de CSIF Aragón, José Luis Santafé, proponen para paliar esta situación agrupar los cuarteles en las cabeceras de comarca, con unidades de entre 35 y 60 agentes, provistos de los medios e instalaciones adecuados, que podrían patrullar las 24 horas del día. "Además de dar servicio al ciudadano podrían apoyarse entre ellas en un tiempo razonable", indicó Leal durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Zaragoza.
Ambas organizaciones califican de "valiente" el informe presentado hace unas semanas por el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, el cual apostaba también por el cierre de cuarteles y la reagrupación de efectivos en una localidad desde la que se garantice un tiempo de respuesta "de menos de diez minutos" a una llamada desde cualquier punto de su zona de cobertura.
Propuesta antipopular
"Somos conscientes de que la propuesta no es popular en el medio rural porque nadie quiere desprenderse del cuartel de la Guardia Civil, pero operativamente en el siglo XXI es la más idónea", explicó Agustín Leal. En su opinión, la tarea de los políticos es hacer ver a los ciudadanos y a los alcaldes que está bien tener un cuartel pero que "debe dar servicio". Porque además de haber cuarteles fantasma sus plantillas también lo son: "En muchos puestos figuran guardias civiles que forman parte de ese lugar concreto, pero que en realidad están comisionados, a veces desde hace años, en otros servicios, como los de Violencia de Género, por ejemplo", añadió el portavoz de Jucil. Y esos agentes que nutren servicios de nueva creación son detraídos de unidades de Seguridad Ciudadana en vez de ofertar vacantes.
Los datos aportados este miércoles por ambos colectivos revelan que en Aragón debería haber destinados 3.281 funcionarios, pero los que figuran en el catálogo de la Dirección General de la Guardia Civil son 2.534. "Y ni siquiera esas son cifras reales", señaló Ernesto Vilariño. El número, según detallaron, es de 1.971 guardias y, además, hay 563 vacantes, lo que supone más de un 20% de las plazas. "Para atender los servicios que nos demanda la sociedad aragonesa serían necesarios otros 1.000 agentes al menos", calculó.
"La seguridad debe quedar al margen de la política", dijo Ernesto Vilariño, que reclamó un plan estratégico que lleve a cabo "sea quien sea que esté en la Moncloa". "A los políticos –añadió– se les debe explicar que la seguridad es cosa de profesionales y que deben proveer medios materiales y humanos acordes a las amenazas que representa una delincuencia cada vez más sofisticada",
Como ejemplo, los representantes de Jucil señalaron que necesitan chalecos antibalas, vehículos en condiciones y armas adecuadas. La Guardia Civil no cuenta con pistolas eléctricas cuando en la actualidad las tienen ya muchas policías locales. "Y entre el arma de fuego y la porra, la eléctrica es un instrumento muy útil, porque están en juego vidas humanas", expuso Leal.
José Luis Santafé, presidente en Aragón de CSIF, señaló que la situación por la que atraviesa el colectivo no es propia de una sociedad democrática. El sindicato firmó un acuerdo con Jucil para colaborar en la defensa y mejora de las condiciones profesionales y económicas. "Coincidimos además en la defensa de los funcionarios de las prisiones, tanto aquellos de carácter civil como los guardias civiles destinados en las cárceles, y reclamamos que sean considerados agentes de la autoridad", manifestó.
