zaragoza
Condenan a la paciente que llevó a la "desesperación" a una médica de Zaragoza
El castigo impuesto a la acusada, de 75 años, dista mucho del pretendido por la víctima, que llegó a solicitar siete años de prisión por el hostigamiento y persecución a los que estuvo sometida durante meses.
La médica del hospital Miguel Servet de Zaragoza que hace unas semanas confesó ante una juez sentirse «desesperada» por el acoso al que durante meses la sometió una paciente ha conseguido que el Juzgado de lo Penal número 3 dicte una sentencia condenatoria. Sin embargo, el castigo que se ha impuesto a la acusada, de 75 años, dista bastante del pretendido por la acusación particular, que llegó a solicitar siete años de prisión por delitos continuados de atentado y acoso.
La denunciante, especialista en Hematología y Hemoterapia, habló en el juicio de un auténtico calvario. Una «pesadilla» que comenzó en septiembre de 2019 y que se prolongó hasta finales de 2020, cuando tuvo que ser asistida por una crisis de ansiedad y se vio obligada a pedir una orden de alejamiento. Según la doctora, durante todo este tiempo, soportó «gritos, insultos y actitudes violentas» por parte de C. R. M., quien se colaba en su consulta cuando quería y no dejaba de desacreditarla tanto delante del resto de sanitarios como de otros pacientes.
Para evidenciar hasta qué punto se sintió perseguida, la denunciante recordó que en una ocasión no le quedó otro remedio que salir del hospital por la escalera de incendios. La paciente, que casualmente ejerció como enfermera durante más de 40 años en el hospital Clínico Lozano Blesa, lo negó todo y acusó a la médica de mentir. Sin embargo, la sentencia considera ahora absolutamente acreditado el delito de acoso.
El fallo, contra el que cabe todavía recurso ante la Audiencia Provincial, enumera hasta siete episodios graves protagonizados por la encausada. Y recuerda que en varios de ellos fue precisa la intervención del personal de seguridad de consultas externas, donde tenía su despacho la víctima. Para la magistrada, este hostigamiento y persecución generaron «incertidumbre, angustia y desasosiego» a la facultativa, «que llegó a sentir miedo físico, psíquico y profesional, sin que en la actualidad pueda atender sola a pacientes».
La mujer no está sorda
En un intento por justificar los «gritos» de los hablaron tanto la denunciante como otros compañeros del hospital, la acusada alegó sufrir una importante sordera. De hecho, aportó documentos para acreditar su dolencia. La jueza no ha evitado pronunciarse a este respecto. Y dice: «Con independencia del informe aportado, lo cierto es que la acusada no dio muestra alguna de sordera, siguiendo su interrogatorio con total normalidad y sin que se le tuviera que repetir una sola pregunta». «Antes, al contrario -añade la magistrada-, interrumpió en todo momento, impidiendo que se practicara el interrogatorio con normalidad, siendo necesario llamarla al orden en varias ocasiones, actitud que, en definitiva, corrobora la versión dada por las testigos».
La especialista del hospital Miguel Servet que actualmente atiende a la acusada de la grave enfermedad que le fue diagnosticada en 2012 confirmó en el juicio que la actitud de esta mujer no ha cambiado. «Cada vez que viene a la consulta hay gritos, insultos, se levanta, se acerca a la mesa con actitud amenazante...», contó. «Se pone a gritar ante el resto de pacientes -añadió-, llamándome mentirosa y obligando a llamar a seguridad».
La defensa, a cargo del abogado Joaquín Tortajada, intentó hacer ver a la juez que la forma de actuar de la acusada está condicionada por su trastorno de personalidad. A la hora de dictar sentencia, la titular del Juzgado de lo Penal número 3 reconoce que la mujer tendría una obsesión paranoide. «Por lo que puede contemplarse una alteración parcial de su voluntad en un grado medio –apunta–, pues si bien conocía lo que estaba haciendo, su voluntad se encontraba alterada», concluye.
La Fiscalía calificó los hechos como acoso, pero entendió que la acusada no podía ser condenada a prisión sino a una multa. Y esa es la decisión que finalmente ha adoptado la juez, que obliga a C. R. M. a desembolsar 2.400 euros como castigo. La paciente tendrá que indemnizar además a la médica con 6.000 euros por los daños morales, a lo que se añadirá el abono de la mitad de las costas del procedimiento. La defensa evita así los siete años de prisión que pedía la acusación particular para la investigada, a la que también se prohíbe aproximarse a menos de 100 metros del domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio donde se encuentre la facultativa por un periodo de tres años.
