tribunales
Dos policías responden ante un jurado por la desaparición de 377 botellas de la Jefatura de Aragón
Un inspector y un subinspector se enfrentan a penas de entre 3 años y 6 años de cárcel por presunta malversación. Los acusados niegan los hechos.
Un anónimo distribuido por policías entre policías de la Jefatura Superior de Aragón el 9 de septiembre de 2019, además de generar un escándalo, derivó en una investigación judicial que culmina este lunes con el enjuiciamiento de un inspector y un subinspector por presunta malversación. Se enfrentan a penas de entre 3 y 6 años de cárcel, aunque sus defensas niegan los hechos.
El escrito denunciaba la desaparición de 377 botellas de licor y 319 efectos (ropa, perfumes y cosméticos) que formaban parte de dos alijos decomisados por el Subgrupo de Hurtos de Zaragoza en dos operaciones diferentes en 2017. Los artículos habían permanecido dos años en los calabozos de la Jefatura, utilizados a modo de almacén por sus malas condiciones para alojar personas. Estaban en dos celdas y solo estaba cerrada con llave la puerta de acceso a los calabozos.
En enero de 2019, el subinspector de Hurtos Rafael A. P. remitió un escrito al juzgado pidiendo el traslado de la mercancía a los depósitos judiciales o su destrucción, dados los problemas de conservación. El mismo funcionario, en mayo de ese año, decidió colocar sendos candados en las puertas y guardó las llaves.
El 4 de septiembre de 2019, el jefe superior, Juan Carlos Hernández Muñoz -que está citado como testigo- comentó en una reunión con mandos, en la que estaba el inspector Enrique G. B., que había que llevar las botellas al cuartel de Mayandía, aunque no se lo ordenó a nadie en concreto.
Según la Fiscalía, el inspector, por iniciativa propia, decidió hacer el traslado el domingo, día 8, con una furgoneta oficial, su ayudante y dos personas ajenas a la Policía a las que conocía por ser del pueblo donde él tiene una segunda vivienda. El viernes 6 de septiembre Rafael A. P. mostró al subinspector dónde estaba la mercancía.
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Tanto al día siguiente como el domingo por la mañana Rafael A. P. volvió a los calabozos y seleccionó 53 botellas que guardó en un pequeño cuarto dentro de las dependencias del grupo de Hurtos con la intención, según las acusaciones, de quedárselas, aunque él lo niega, e informó al juzgado veinte días después de las botellas estaban ahí.
En la tarde del 8 de septiembre, Enrique G. B. y los acompañantes trasladaron la mercancía a Mayandía pero antes, según la Fiscalía, "seleccionaron" una serie de botellas y efectos de los que presuntamente se apropiaron. Parte de sus maniobras quedaron registradas por las cámaras de la Jefatura.
El abogado Enrique Esteban, que representa al inspector, señala que cuando Rafael A. puso los candados en los calabozos –lo que le recriminaron otros funcionarios– para evitar que siguieran desapareciendo efectos "era un clamor popular" en la Jefatura que faltaban muchas botellas, pues "se habían ido consumiendo en celebraciones y aniversarios". "Si bien –asegura– nadie estaba dispuesto a reconocerlo, pues quien lo hiciera tendría que justificar por qué no había informado antes".
Considera, además, que lo que se buscó con los anónimos fue "dirigir" la investigación hacia quien hizo el traslado e "ignorar" lo que había venido sucediendo desde 2017 cuando se almacenaron las 2.059 botellas. Al letrado le llama la atención que justo al día siguiente se lanzaran los anónimos alertando de que faltaban objetos cuando ni siquiera se había comprobado si era cierto, lo que evidencia, a su juicio, que quienes los escribieron ya conocían que faltaban antes del traslado.
