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Los juzgados aragoneses vuelven a suspender casi 200 juicios
La huelga de los letrados de la administración de justicia, antes conocidos como secretarios judiciales, ha sido secundada hoy mayoritariamente en las provincias de Zaragoza y Teruel.
Los juzgados aragoneses han vuelto a funcionar este miércoles a medio gas, como se prevé que lo hagan también mañana jueves, debido a las dos jornada de huelga convocadas por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), funcionarios a los que antes se conocía como secretarios judiciales. La protesta, que da continuidad a la de finales de noviembre, ha supuesto la suspensión de 166 juicios y otras 89 actuaciones, como actos de conciliación, declaraciones, peritajes o mandamientos de pago relativos a indemnizaciones o multas.
El paro ha tenido especial incidencia en las provincias de Zaragoza y Teruel, donde ha sido secundado por un 55% y un 70% del colectivo, respectivamente. Menos seguimiento ha tenido en Huesca, donde se han sumado a la movilización un 38% de los convocados. En cualquier caso, la huelga ha obligado a aplazar las vistas que estaban señaladas para hoy en las tres audiencias provinciales por causas de alzamiento de bienes, agresión sexual sexual o robo con fuerza.
La movilización ha afectado a todas las jurisdicciones. En el Juzgados de Instrucción número 9 de Zaragoza, por ejemplo, se han suspendido 9 juicios por delitos leves, 6 cotejos, 9 comparecencias y una pericial caligráfica. En el de Familia número 22, no se han podido celebrar 2 ratificaciones de divorcio. En el de lo Social número 15, se han aplazado 24 señalamientos por despidos, incapacidades o reclamaciones. Y en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, tampoco ha sido posible celebrar 5 señalamientos.
La protesta ha sido convocada por tres organizaciones de letrados de la Administración de Justicia: el Colegio Nacional, la Unión Progresista y la Asociación Independiente. Entre sus reivindicaciones, figura la actualización del porcentaje destinado a productividad o la inclusión de la llamada ‘cláusula de enganche’ de retribución de los LAJ en la Ley de Eficiencia Organizativa que actualmente se debate en el Congreso. De no ser atendidas sus peticiones, seguirán organizando movilizaciones.
