Zaragoza
Vía libre al plan de Torre Ramona mientras el de la calle Embarcadero sigue a la espera
Serrano ofertará una permuta a la DGA para desbloquear el solar de Casablanca y el PSOE le acusa de "retrasar" el plan especial.
En medio de una fuerte controversia entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por la velocidad de los proyectos autonómicos que se impulsan en la capital, la comisión de Urbanismo desbloqueó este lunes uno de ellos: la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para desarrollar 165 pisos en los suelos de Torre Ramona, en Las Fuentes. Pero el PSOE no dio todas las discrepancias por resueltas, dado que el plan especial de la calle del Embarcadero, en Casablanca, sigue pendiente de aprobación.
En clave electoral, la comisión estuvo marcada por el pulso que mantienen desde hace semanas la DGA y el Consistorio por estos y otros asuntos. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, trató de rechazar la tesis de los socialistas de que el gobierno PP-Cs está tratando de ralentizar, cuando no paralizar, diversos proyectos de interés autonómico, entre otros Torre Ramona y Embarcadero. De hecho, los supuestos incumplimientos municipales han sido el motivo por el que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha declinado por ahora reunir al consejo bilateral de las dos administraciones como solicitó el Ayuntamiento.
Serrano negó la mayor. «Este gobierno ha actuado siempre sobre la base del cumplimiento», explicó el edil. Citó no solo el caso de la modificación del PGOU para que el Ejecutivo desarrolle los suelos de Torre Ramona. Recordó un antecedente, el de la modificación 9 de Plaza, que tenía reparos de los técnicos municipales pero que se resolvió por parte del Ayuntamiento en la bilateral de marzo de 2020.
Sumó la modificación del PGOU para el Tutelar de Menores, los suelos del antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET) o la aceptación de la cesión de dos grupos de viviendas sindicales, Girón y Arzobispo Domenech. Subrayó también la celeridad municipal al tramitar la licencia de la nueva residencia que está promoviendo el Gobierno de Aragón en la avenida de Pirineos.
Apuntó el caso de los juzgados de la plaza del Pilar. Informó que una sentencia determinó que la DGA debía compensar a Zaragoza con 4,2 millones de euros, pero fue el Ejecutivo el que recurrió al Supremo. Citó cuestiones pendientes, como el reparto de los aprovechamientos de Plaza o del Parque Tecnológico del Reciclado (PTR). También señaló la operación en Malpica, que se ha tramitado mediante un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) sin contar con el Ayuntamiento. «Nos hubiera gustado que hubiera sido fruto de la negociación», lamentó.
Finalmente entró en el caso de la calle de Embarcadero, unos suelos en los que la DGA puede promover 111 pisos libres (al Ayuntamiento le corresponden 28 y al Estado, 47). El rechazo por parte de los vecinos a perder un aparcamiento con unas 400 plazas empujó al Consistorio y al Gobierno de Aragón a negociar una permuta, pero las discrepancias sobre qué bienes intercambiar ha bloqueado el proyecto.
Según Serrano, las pretensiones de la DGA eran «inaceptable» según los informes municipales, por lo que esta semana se hará una nueva propuestas de suelos municipales que se permutarían por la parcela de Embarcadero. Eso sí, el concejal de Urbanismo avisó: «No va a haber ninguna aprobación definitiva sin el aval de los vecinos».
El socialista Horacio Royo no quedó convencido. «Tiene que reconocer la evidencia: no ha cumplido. Y no ha cumplido porque no ha querido». Royo centró su intervención en tratar de demostrar que el gobierno PP-Cs ha mantenido una actitud «deliberada» de retrasar los proyectos de la DGA. «Aprueban Torre Ramona 8 meses tarde y Embarcadero ni está ni se le espera», declaró.
El «factor Rouco»
En este sentido, recordó que en el consejo bilateral el Ayuntamiento se comprometió a presentar una tasación de los suelos de Embarcadero para posibilitar la permuta en diciembre del año pasado, trámite que en principio se cumplirá esta semana. Royo se refirió al «factor Rouco», en referencia a la concejal de Vox y presidenta del distrito de Casablanca, Carmen Rouco, que ha cogido la bandera en defensa del aparcamiento. «No quiere la permuta porque no quiere quedarse el muerto», declaró Royo, que le recordó además que una vivienda libre en Embarcadero no vale lo mismo que una protegida en otro punto de la ciudad.
Luisa Broto, de ZEC, subrayó las discrepancias que mantienen las dos administraciones, pese a las promesas del alcalde, Jorge Azcón, de mejorar sus relaciones con la DGA. Fernando Rivarés, de Podemos, lamentó el «Juego de Tronos» en el que están metidos el Ayuntamiento y el Ejecutivo, y cuestionó «la dejadez» municipal en algunos de las cuestiones de interés autonómico. Julio Calvo, de Vox, se posicionó con el Ayuntamiento, aunque lamentó los solapamientos competenciales y que las dos instituciones dediquen «tiempo y dinero» a litigar.
Víctor Serrano vinculó las controversias «a un interés partidista en confrontar» por parte del PSOE. El concejal de Urbanismo recordó a Royo que a la hora de hablar de retrasos el Gobierno de Aragón debería haber pagado ya la sentencia del tranvía, que supone 25 millones de euros, en lugar de acumular intereses de demora. La DGA ha dicho que pagará a final de año.
