El operario de la pala que causó el incendio de Ateca declara que solo le dio tiempo a huir
El investigado vio salir la primera llama y usó los pies y el batefuego para intentar apagarla, pero asegura que no pudo y tuvo que salvar su vida.
La jueza de Calatayud que habrá de depurar responsabilidades por el gran incendio de Ateca interrogó ayer a dos de las cinco personas a las que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil señaló como presuntas culpables de lo sucedido. Se trata de los hermanos Alberto y Carlos C. R., propietarios de la pequeña empresa de trabajos medioambientales a los que la multinacional Land Life –a la que pertenecen los otros tres encausados– había subcontratado la reforestación del paraje de Monegrillo, lugar donde se inició un fuego que terminó arrasando 14.000 hectáreas de monte y cultivos de once municipios de la Comunidad de Calatayud.
El primero en contestar a las preguntas de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, la fiscal y el resto de partes personadas en la causa fue Alberto C. R., ya que era él quien manejaba la pala-excavadora o retro-araña que causó la chispa inicial. Según ha podido saber HERALDO, el investigado explicó que vio salir la primera llama y bajó de la máquina para intentar sofocarla con los pies. Como no pudo, recurrió al batefuego, una especie de pala de goma con mango. Llevaba también un extintor y una mochila de agua, pero ni siquiera tuvo oportunidad de usarlos. Según el operario, las llamas se extendieron con tal rapidez que se vio forzado a salir corriendo para poner a salvo su vida.
Como informó este diario, la empresa Land Life se apoya en un correo electrónico remitido a Carlos C. R. el 18 de julio, el mismo día que se declaró el incendio, para intentar acreditar que no fue responsable de una tragedia medioambiental que puso en peligro y obligó a desalojar varios municipios. «Tenemos que extremar las precauciones y evitar trabajar en las horas punta del día donde las temperaturas son mas elevadas. Que los maquinistas tengan cuidado y que trabajen en zonas cercanas para que se vean el uno al otro», decía literalmente el ‘email’, remitido a las 9.24.
Según manifestó en su día a la Guardia Civil Leyre V. G., la ingeniera forestal de Land Life que redactó el correo y a la que también se investiga por lo sucedido, pocos minutos después de enviar el ‘email’ llamó también por teléfono a Carlos C. R. para insistir en que debían dejar la faena a mediodía.
Se pidió que acabaran pronto
Preguntado sobre estas advertencias, el encausado Carlos C.R. admitió ayer haber hablado aquella mañana con la ingeniera de Land Life sobre el calor que estaba haciendo esos días. El gerente de la contrata que reforestaba la zona explicó también que se puso en contacto con el otro empleado que trabajaba en el paraje de Monegrillo para pedirle que acabaran pronto. Algo que corroboró después este trabajador, al que la juez citó en calidad de testigo.
Este hombre, que manejaba una retro-araña similar a la que causó el incendio, aseguró que llamó a Alberto C. R para recordarle la necesidad de terminar lo antes posible. Según el testigo, él había abandonado ya la faena y atravesaba el monte con su vehículo cuando vio salir humo a lo lejos. A la hora de justificar los tiempos de reacción, el operario trató de ilustrar a la jueza sobre la dificultad que entraña maniobrar con este tipo de maquinaria pesada en pendientes tan pronunciadas, donde hay que moverse muy lentamente y con bastante pericia para no volcar.
Durante la sesión de ayer declaró también el guarda forestal que advirtió el incendio y puso en alerta al112.
A la segunda sesión del interrogatorio, fijada también para este mes, acudirán los tres trabajadores de Land Life. En concreto, Francisco P. B., director de la oficina de esta empresa en España; Leyre V. G., la ingeniera a cargo de la supervisión técnica de las labores que se llevaban a cabo en el paraje de Monegrillo; y Gaspar C. S., que se dedicaba también a controlar sobre el terreno los encargos. La jueza ha citado también este mes a varios de los perjudicados por las devastadoras consecuencias del incendio.
«No hay dinero que permita reparar el enorme daño causado»
Ni las defensas de los dos acusados que ayer declararon en Calatayud, a cargo de los letrados Juan Ignacio Palacios y José María García-Belenguer, ni los abogados David Arbués, Javier Osés e Ignacio Gállego, que representan a los tres investigados de la empresa Land Life, quisieron pronunciarse ayer sobre el curso de la investigación penal. El letrado José Manuel Marraco, que ejerce una de las acusaciones particulares en nombre del Ayuntamiento de Moros, también evitó valorar los interrogatorios. Sin embargo, este sí quiso dejar algo claro: «No hay dinero que permita reparar el enorme daño medioambiental causado».
«Estamos hablando de algo muy grave. ¿Quién o cómo se compensa a los habitantes de estos pueblos, a los animales que vivían en estos montes..? No se puede», aseguró. «Solo cabe ser conscientes de la situación de cambio climático a la que nos enfrentamos y aceptar que estamos obligados a cambiar nuestras formas de vivir», añadió. Para Marraco, se hace imprescindible el impulso de «una verdadera Justicia Medioambiental».
