Tras la reciente aprobación de la ley de Memoria Democrática, hace poco más de una semana, ha llegado a Calatayud una de sus primeras consecuencias. La Delegación del Gobierno en Aragón ha remitido un oficio al Ayuntamiento bilbilitano, dirigido a su alcalde, en el que insta a la corporación a "iniciar las actuaciones necesarias para la adopción de un acuerdo explicito que deje sin efecto" al que se registró en diciembre de 1951 por el que se concedía la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco.

En su escrito, la secretaria general de la Delegación explica que el pasado viernes, el portavoz socialista en el Consistorio, Víctor Ruiz, registró una petición para que la institución actuase a este respecto, recordando que ya lo había hecho en 2016 y 2018. En este caso, el responsable de asuntos jurídicos recuerda que la nueva solicitud se hace basándose en el artículo de la legislación que se aprobó el 19 de octubre, en la que se hace referencia a la necesidad de tramitar procedimientos contradictorios para revocar recompensas e incluso a título póstumo.

En el oficio argumenta que "vitalicia significa que no está sujeta a renovación, siendo permanente en el tiempo y únicamente su retirada con un acto expreso puede privar a la persona de la consideración otorgada". "Vitalicio en la RAE especifica que es desde que se obtienen hasta el fin de la vida", puntualiza el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda. En este sentido, recuerda que por el pleno, en julio de 2020, se acordó, por unanimidad, la actualización del listado de honores y distinciones.

En el primero de los puntos se especificaba "tomar conocimiento del fallecimiento de las siguientes personas que fueron distinguidas con concesiones vitalicias y por razón de su óbito ya no están en posesión de las mismas, a efectos que se consideren vacantes". A su vez, Aranda recuerda que "cuando se nos ha pedido quitar muestras visibles, como placas, se ha hecho de forma inmediata".

Ruiz recuerda que "el acuerdo está en vigor porque lo dicen los informes de la Delegación del Gobierno, del Justicia, de Patrimonio y de la secretaría municipal". Por ello, anticipa que "no vamos a parar" y que como consecuencia "se va a solicitar al alcalde y al secretario que lo tienen que llevar a pleno". "La ley es clara", insiste Ruiz.