Educación

El juez rechaza aplicar medidas cautelares a las ayudas del Ayuntamiento a la concertada

Considera que "a priori no hay discriminación respecto a los alumnos de la escuela pública" al poder acceder estos a los PIEE.

Imagen de archivo de un centro concertado.
Imagen de archivo de un centro concertado.
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza rechazó el pasado 25 de octubre aplicar medidas cautelares a las ayudas a alumnos vulnerables de la escuela concertada que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital aragonesa, tal y como solicitaba un recurso presentado por Fapar, la FABZ, sindicatos y partidos de izquierdas. En concreto, considera que "a priori no hay discriminación respecto a los alumnos de la escuela pública" al poder acceder estos a los Proyectos de Integración de Espacios Escolares (PIEE) y dice que no se puede acreditar "un perjuicio irreparable" en el caso de esperar a que acabe el procedimiento y se dicte sentencia.

El recurso estaba presentado contra las bases de la convocatoria de ayudas del Patronato de Educación del Consistorio zaragozano. Los fondos, que en total suponen 500.000 euros, permiten a los beneficiarios acceder a actividades extraescolares deportivas y culturales del centro escolar al que se pertenece, así como adquirir material con fines formativos o el servicio de madrugadores y vespertino en la escuela concertada. Cada ayuda tenía un importe mínimo de 150 euros y un máximo de 500 y se atendía a requisitos de renta para apoyar a los alumnos de familias vulnerables.

Para los recurrentes, esta convocatoria "discrimina" a los alumnos de la escuela pública. Por eso pidieron una medida cautelar positiva de "extensión" del ámbito de las ayudas a los centros públicos. En su opinión, si no se tomaba esa decisión se "vulneraría" el derecho a la educación y se produciría "una discriminación palmaria", dado que cuando se resolviese el recurso ya habría acabado el curso y los alumnos de la pública no podrían acceder a las ayudas.

El Ayuntamiento aludió a la "potestad discrecional" de la administración para poner en marcha estas ayudas y recordó que existe un proyecto para la educación pública a través de los PIEE. "No se puede considerar acreditado un perjuicio irreparable, puesto que no se acreditan situaciones concretas, sino que se alega un derecho genérico de extensión de las ayudas acordadas para la escuela concertada a la escuela pública", dice el auto judicial.

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