Las discrepancias con la permuta para salvar el parquin bloquean el plan de Embarcadero en Casablanca
El Ayuntamiento se escuda en que las peticiones de la DGA, propietaria de la mayoría del solar, son "exorbitantes" para mantener parado el proyecto urbanístico. El Ejecutivo acusa a Urbanismo de "obstruccionismo" con su política de vivienda.
Parecía que iba a ser uno de esos asuntos enquistados que se iba a resolver gracias a la colaboración institucional. Al menos es lo que se transmitió en el consejo bilateral que en noviembre del año pasado celebraron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Pero 10 meses después de aquella cumbre, la operación de la calle del Embarcadero sigue sin fecha en un contexto de tensión institucional, con diversos frentes abiertos y a ocho meses de las elecciones. La pasada semana el Ejecutivo autonómico acusó al Consistorio de bloquear el plan e incluso no ha descartado acudir a los tribunales para resolver este y otros conflictos.
Esta operación se remonta a los años 80 y ha tenido que superar diversas vicisitudes desde que el Estado cediera en 2010 a la DGA dos parcelas del solar de la calle Embarcadero con una superficie de 17.000 metros. Allí están previstos 186 pisos libres, de los que 111 corresponden a la DGA, 28 al Ayuntamiento y 47 al Estado. Hubo varias propuestas para ordenar esa zona, que en la actualidad tiene unas zonas verdes en el entorno de la fuente de los Incrédulos y un gran solar con una cancha deportiva y unos terrenos en el que los vecinos suelen aparcar: hay más de 400 plazas, mientras que el futuro plan especial solo prevé 67.
Compromisos para 2021 y 2022
A principios de año la Asociación de Vecinos Tomás Pelayo del distrito de Casablanca entregó 1.600 firmas al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, para que se mantengan las plazas de aparcamiento. Salvar los aparcamientos se ha convertido en una reivindicación del barrio y el principal contratiempo político de la operación.
En la bilateral se acordó desbloquear el plan especial. El Consistorio se comprometió a concluir el proceso de información pública y hacer una valoración de los suelos antes de diciembre de 2021, de cara a una posible permuta. De hecho, las dos administraciones garantizaron que antes de aprobar el plan definitivamente en febrero de 2022 se "articularían fórmulas" para resolver el problema del parquin, entre las que se citó una permuta de los suelos de Embarcadero por otros "de igual valor" de propiedad municipal. Así consta en un documento firmado por el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, la concejal de Hacienda de Zaragoza, María Navarro, y el de Urbanismo, Víctor Serrano. Pero el Ayuntamiento sigue sin cumplir su parte del acuerdo.
El Gobierno de Aragón está indignado con la actitud municipal, que califica de "obstruccionismo". "Entendemos el problema del aparcamiento y estamos abiertos a llegar a un acuerdo para una permuta. Pero había que aprobar el plan especial", explicó la directora general de Patrimonio de la DGA, Marta Aparicio. "No sabemos a qué esperan, quizá a que el Gobierno de Aragón no ponga en marcha su política de vivienda asequible para jóvenes", declaró.
Desacuerdo
Fuentes municipales explicaron que el motivo del bloqueo está en la permuta, dado que el Gobierno de Aragón ha solicitado terrenos municipales para promover vivienda social, entre los que figuraban los de la antigua Alumalsa o parcelas en Arcosur, que "triplican el valor del suelo autonómico". De hecho, sostuvieron que hay un informe que califica de "exorbitante" la propuesta autonómica. "No ha habido posibilidad de acuerdo por la peticiones elevadísimas de la DGA por esos suelos", indicaron fuentes municipales. Y el Ayuntamiento no quiere aprobar el plan sin resolver antes el problema del parquin.
Urbanismo va a encargar ahora la valoración de esos terrenos, aspecto ya recogido en el acuerdo bilateral. Ante las discrepancias sobre la tasaciones para la permuta, Marta Aparicio explicó que las propuestas del Ejecutivo "eran razonables" y que en cualquier caso no impiden aprobar definitivamente el plan. Insistió que el Consistorio ni siquiera ha hecho la tasación de los suelos que prometió.
La presidenta de la Junta de Distrito de Casablanca y edil de Vox, Carmen Rouco, defendió que la operación permanezca parada hasta que se resuelva la cuestión del parquin. "Se cargan el comercio si lo eliminan", dijo Rouco, que defendió que el solar sea propiedad municipal y se hagan menos viviendas si es necesario.
