zaragoza
Un soldado de Zaragoza admite que grabó a compañeras en las duchas y los vestuarios
Un tribunal militar lo condena a tres años de prisión por atentar contra la intimidad de otras tantas víctimas.
El soldado Jhon Alberth Godoy reconoció ayer ante el Tribunal Militar Territorial tercero de Barcelona que en 2016, cuando pertenecía a la extinta Brigada de Castillejos II (ahora Brigada Aragón I), colocó cámaras ocultas en las duchas y vestuarios de sus compañeras para grabarlas mientras se aseaban.
Los hechos ocurrieron en el primer semestre de aquel año en la Base de San Jorge de Zaragoza y fueron descubiertos de forma casual por una soldado que estaba limpiando los vestuarios femeninos y encontró en el suelo de las duchas una cámara pegada a un trozo de cinta aislante y otro de velcro. Al mirar al techo observó que podía haberse desprendido de una zona oculta entre dos duchas, por lo que comunicó el hallazgo y entregó la cámara a sus superiores.
El análisis del dispositivo reveló que la persona que lo había instalado aparecía en algunas imágenes volcadas y fue identificado por sus superiores como el soldado John Alberth Godoy. En el interrogatorio posterior admitió ser el autor de las grabaciones. Pero, además, en el registro que se hizo en su alojamiento del Batallón de Zapadores se hallaron ordenadores, discos duros, memorias USB y teléfonos móviles que contenían multitud de archivos gráficos de mujeres, la mayoría compañeras del Ejército. De una sola de ellas llegó a reunir 3.110 imágenes y vídeos personales que había obtenido del propio teléfono de la perjudicada, puesto que se lo había apropiado y volcado su contenido sin su autorización.
La actividad del soldado Godoy no se limitó al cuartel de Zaragoza y parece que aprovechó las misiones internacionales en las que participó para seguir haciendo lo mismo. De hecho, a los investigadores les llamó la atención un archivo llamado ‘mi película mp4’ con escenas de una camareta en la que dos mujeres se secan tras ducharse y se visten con el uniforme del Ejército español. Luego averiguaron que las imágenes habían sido obtenidas en la misión del Líbano.
Fotos y vídeos de niñas
Otro hallazgo clave fue el de 747 archivos, repartidos en 43 carpetas nombradas con distintas referencias a niñas de entre 10 y 13 años desnudas y en poses sexuales y algunas de niños. El juzgado militar se inhibió de estos hechos y los trasladó a la jurisdicción penal común, que juzgó y condenó al militar a una pena multa de 1.040 euros por un delito de corrupción de menores. La sentencia fue dictada en junio de 2021 tras llegar a un acuerdo de conformidad con sus abogadas Rocío Notivoli y Esther Rodríguez Prieto, ya que inicialmente se enfrentaba a nueve meses de prisión.
Respecto a lo ocurrido en la base San Jorge de Zaragoza, el fiscal militar, teniente coronel Alejandro Olivares, valoró que era susceptible de ser calificado tanto por el Código Penal Militar como por el común como tres delitos de atentado grave a la intimidad. Pero dado que en la norma común le corresponde una pena más grave, se inclinó por esta última y solicitó para el acusado dos años de cárcel por cada uno de ellos, más multa de 2.700 euros.
No obstante, la confesión de los hechos permitió ayer a sus abogadas alcanzar un acuerdo con el ministerio público y este se avino a rebajar la pena a un año de cárcel por cada delito, una multa de 1.440 euros y el pago de una indemnización de 3.000 euros a cada perjudicada. Durante el tiempo de la condena estará suspendido del empleo militar.
Trastorno de personalidad
Las letradas, del despacho Notivoli abogados, argumentaron que su cliente, nacido en Bolivia y de nacionalidad española, padece un trastorno de la personalidad producto de la infancia violenta que sufrió, en la que padeció abusos sexuales por familiares y malos tratos tanto a él como a su madre por parte de su padre, que terminó abandonándolos. Estas circunstancias le crearon un estrés postraumático y lo que el psiquiatra que lo examinó calificó de «transformación permanente de la personalidad», que le genera gran inestabilidad emocional y una grave dificultad para controlar impulsos y prever las consecuencias de sus actos, lo que merma en grado leve su imputabilidad. Rocío Notivoli lamentó que su estado mental no fuera tenido en cuenta para aplicar una atenuante por trastorno, pese a que ha condicionado su vida.
