sucesos
Un padre y su hijo, condenados a prisión por un paseo en pleno confinamiento que acabó a tiros
Los dos reaccionaron de forma muy violenta cuando la Policía Local de Zaragoza les pidió que se identificaran para multarlos. Agredieron a los agentes y azuzaron a su perro de raza pitbull al grito de: "¡Ataca!"
Un juez de Zaragoza acaba de castigar con penas de prisión a un hombre de 43 años y su hijo, de 23, por el grave altercado que protagonizaron el 18 de abril de 2020, cuando agredieron a seis agentes de la Policía Local por el mero hecho de recordarles que no podían estar en la calle en pleno confinamiento. Ala hora de dictar sentencia, el magistrado destaca la actitud «chulesca» y enorme agresividad desplegada por el padre, Jesús Rafael Hernández Dual, quien no se conformó con soltar un gancho de boxeo que dejó prácticamente KO a uno de los policías, sino que hirió después a otro con una tabla de madera y clavos e intentó dejarlo fuera de combate con una piedra de granito de dos kilos. Por fortuna, la víctima reaccionó a tiempo, ya que desenfundó su arma reglamentaria y efectuó dos disparos al suelo que evitaron un fatal desenlace.
Como recuerda el juez, los hechos se produjeron sobre las 16.40 en un descampado situado al final de la prolongación de la avenida del Tenor Fleta, muy cerca del Tercer Cinturón (Z-30). La pandemia había obligado a declarar el estado de alarma y estaba prohibido deambular por las calles salvo causa justificada. De ahí que al ver a tres varones paseando junto a un perro –el tercero era otro hijo del principal acusado, al que por ser menor de edad no se juzgó–, una patrulla de la Policía Local se acercara a ellos para recordarles que debían volver a casa.
El padre contestó que le daba igual el real decreto y al pedirle que se identificara, se dio media vuelta, señaló la cartera que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón e invitó a los agentes a que la cogieran ellos mismos. Pero cuando uno de ellos se le aproximó, Jesús Rafael Hernández Dual dirigió un derechazo «perfectamente ejecutado» al rostro del policía «que lo dejó aturdido y sin posibilidad de defensa».
Al grito de «¡ataca y muerde!»
Acto seguido, el agresor cogió del suelo varias piedras y tablas de madera y empezó a lanzárselas al resto de policías, contra los que también azuzó a su perro, de raza pitbull y al que llevaba sin correa, gritándole varias veces: «¡Ataca!» o «¡muerde!». El titular del Juzgado de lo Penal número 5 tampoco resta gravedad al comportamiento del mayor de los hijos, de nombre Miguel Alejandro, quien también arremetió contra algún agente propinándole patadas y puñetazos.
La desproporcionada reacción de los dos investigados obligó a intervenir a otra patrulla de la Policía Local, que no sin dificultad logró detener a los tres alborotadores. Al comprobar sus carnés de identidad, se dieron cuenta que uno de ellos no había cumplido todavía la mayoría de edad, por lo que fue entregado a su madre. Su padre y su hermano mayor acabaron en el calabozo imputados por un delito de atentado y otros dos de lesiones, ya que un par de agentes tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.
Los detenidos acusaron a los policías de haber provocado el altercado al dirigirse a ellos de forma muy agresiva, «porra en mano, gritándoles e insultándolos». Sin embargo, la juez instructora archivó el procedimiento contra los funcionarios, decisión que más tarde dio por buena la SecciónSexta de la Audiencia Provincial. Durante la vista oral, celebrada a principios de septiembre, Jesús Rafael Hernández Dual volvió a cargar contra los miembros de la Policía Local. Aseguró que les habían llamado «asesinos» y solo se metían con ellos «por ser gitanos». Respecto a los informes de los forenses y médicos del Salud, dijo que estaban todos «comprados».
La defensa solicitó la absolución de ambos acusados e intentó que, de forma subsidiaria, al padre se le aplicara una eximente completa por un trastorno de la personalidad con «inestabilidad emocional y gran impulsividad». Pero entiende el juez que no existe ninguna prueba pericial que avale dicho diagnóstico. Por lo que, como proponían la Fiscalía y la acusación particular, a cargo de Claudia Melguizo, condena al mayor de los acusados a dos años de prisión y multas de 480 euros, y a su hijo, a un año de cárcel y una multa de 240 euros. Al primero le aplica la agravante de reincidencia porque ya fue condenado por resistencia y desobediencia en 2018.
