¡A opinar! ¿Cómo solucionaría usted el conflicto del bus urbano en Zaragoza?

El pasado 20 de enero de 2021comenzaron los paros parciales del autobús urbano en Zaragoza, desde entonces ha habido huelga intermitente. Estos paros parciales se han realizado con unos elevados servicios mínimos, lo que ha hecho que en algunos momentos esta huelga intermitente no haya afectado siempre por igual a la ciudadanía, sobre todo durante la pandemia. Pero poco a poco se ha ido recrudeciendo hasta llegar al hartazgo actual. Hoy en día continúan los paros diarios con afecciones en tres franjas distintas.

Los trabajadores de Avanza Zaragoza anunciaron recientemente que, si no se negocian sus condiciones, la huelga seguirá hasta el 8 de enero de 2023 con servicios mínimos que oscilarán entre el 46,8% y el 60,1%. Sobre la mesa del SAMA, un 8,5% de subida salarial en tres años y una cláusula de revisión del 12%. Pero el comité de empresa de los trabajadores de Avanza pensó que podían conseguir más pero la empresa se plantó. 

Avanza ha vivido una de sus negociaciones más complejas. Tras ceder y aceptar la oferta del SAMA, siempre que suspendieran los paros y se votará en referéndum, sostiene que ya no hay margen para ninguna mejora de su plataforma de convenio. Mientras tanto, con una huelga diaria, pierde 400.000 euros mensuales, lo que complica aún más una solución.

La inflación es el elemento determinante de esta negociación y la que la ha hecho tan compleja. Con porcentajes por encima del 10%, el debate ha estado en el grado de pérdida de poder adquisitivo. En plena crisis por el coste de los carburantes y con una notable caída del número de pasajeros por la covid, los precios dificultan que salgan los números.

Estas afecciones están teniendo importantes consecuencias no solo para los usuarios del servicio, a los que el endurecimiento de la huelga les ha pillado en plena vuelta al cole, obligándoles en muchos casos a salir antes de casa para conseguir llegar a tiempo a clase o al trabajo; también para Avanza y sus trabajadores, puesto que las protestas de lunes a domingo restan a cada nómina entre 100 y 200 euros mensuales.

PP-Cs está sufriendo el coste político de la huelga en pleno proceso de renovación de la contrata, que expira en agosto de 2023, y a pocos meses de las elecciones. Sus intentos de mediación en la trastienda de la negociación han sido infructuosos. Si no hay convenio, los costes labores de la próxima licitación de contrata serán los actuales. El Ayuntamiento no ve viable una mejora sobre la oferta del SAMA, que supondría disparar el coste de la futura concesión (9 millones más).

El escenario de una plantilla sin convenio y unos paros sin fin ya está sobre la mesa. Queremos que los lectores de Heraldo aporten su opinión para poder solucionar este conflicto enquistado. Más adelante, publicaremos un artículo recopilando las respuestas más relevantes aquí recogidas. No se publicarán todas, solo una selección de los comentarios que realmente contribuyan a buscar una solución real. Aquí puede dejarnos su comentario: