El Ayuntamiento de Zaragoza acumuló en 2021 más de 100 millones de euros en facturas sin contrato
El interventor advierte de que esta vía de pago es excepcional, aunque cree que el problema se solucionará a medio plazo. El PSOE ataca "la mala gestión" del gobierno y PP-Cs dice que están licitados o adjudicados el 97% de los servicios.
El Ayuntamiento de Zaragoza tampoco pudo resolver en el año 2021 el problema endémico del alto volumen de facturas que paga sin que haya un contrato en vigor, en la mayoría de los casos por estar este caducado. El pasado ejercicio se atendieron 4.240 facturas de este tipo, que sumaron una cifra de 100,3 millones de euros, solo superada por los 102,5 de 2020. La cifra representa el 11,5% de los gastos netos del Consistorio y pone en evidencia las dificultades del Área de Hacienda para zanjar esta situación.
Así queda recogido en un informe emitido por la Intervención municipal, que ayer suscitó duras críticas por parte del PSOE, que cargó contra "la mala gestión del gobierno municipal" por el elevado número de reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones de gasto, que es como formalmente se conocen este tipo de facturas. El interventor, como viene haciendo desde hace años recordó que esta vía es "excepcional" y advirtió de que al superar las previsiones de la legislación, que obliga a que todo gasto tenga cobertura contractual, podría ser motivo de "nulidad ante un tribunal".
El informe evidencia que el problema no ha dejado de crecer en los últimos años. En el año 2014, fueron 30 millones de euros los pagados de este modo, mientras que en 2015, se bajó a 24,8. Desde ese momento estas facturas han ido a más: 32 millones (2016), 42,8 millones (2017), 53,5 millones (2018), 86,8 millones (2019) y 102,5 millones (2020), hasta ahora el récord en el Ayuntamiento. La evolución confirma que se trata de un problema estructural, muy vinculado a la falta de personal y a la burocracia municipal.
El informe detalla cuáles son los principales servicios que generaron las facturas sin contrato en 2021: el mantenimiento de las zonas verdes (16,2 millones de euros), la limpieza viaria (8,9), la de los colegios (6,5), la de las dependencias municipales (5,9), la conservación del viario público (7,9), del alumbrado (4,9), las comunicaciones postales (3 millones), la teleasistencia (2,1) y los centros de tiempo libre (1,09).
El interventor destaca que en la actualidad muchos de estos contratos están en "avanzados" trámites de contratación y algunos ya han sido adjudicados. Es el caso de la limpieza pública, el más importante por la cuantía que supone anualmente, para la que ya ha sido contratada FCC. Y lo mismo ocurre con las zonas verdes, la limpieza de los edificios municipales, el mantenimiento de los equipamientos escolares o la limpieza de colegios.
PP-Cs puso en marcha en 2019 un plan de choque para resolver el problema. En su informe, el interventor sostiene que este paquete de medidas "da cumplimiento" a sus recomendaciones. De hecho, sostiene que "supondrá a medio plazo la solución al grave problema de prestaciones de servicios con contratos finalizados que venía arrastrando el Ayuntamiento".
Pero para el PSOE lo datos son demoledores. La portavoz socialista, Lola Ranera, recordó que cuando la concejal de Hacienda, María Navarro, estaba en la oposición y se estaban pagando al año 54 millones "se cansaba de decir" que estas facturas eran "ilegales". "¿Esta es la derecha que se presentaba a las elecciones diciendo que eran buenos gestores? Ya lo contesto. No son buenos gestores", zanjó. La edil explicó que "no puede culpar al PSOE ni echar balones fuera". "Es responsabilidad de PP-Cs", dijo la edil socialista, que recordó que a un ritmo de reducción de dos millones anuales "en 30 años llegaremos a 60". Opinó que en 2023 no habrá una gran disminución porque la contrata del bus entrará en reconocimiento de obligación.
El gobierno PP-Cs explicó que ya se han licitado o adjudicado el 97,24% de los contratos pendientes cuando se aprobó el plan de choque 2019-2021. Fuentes municipales explicaron que desde 2019 ha aprobado 44 contratos por un valor de 980 millones. Indicaron que hasta el 2017 no se tenían en cuenta las convalidaciones, solo los reconocimientos extrajudiciales de crédito, motivo por el que sube tanto la cuantía. Recordaron además los esfuerzos en materia de personal, las instrucciones para agilizar los procesos de contratación o la puesta en marcha de la cátedra de contratación. "El resultado se va a ver el próximo año", dijeron desde PP-Cs.
