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La Policía admite en un juicio en Zaragoza la dificultad de destapar las redes de trata y explotación sexual
Los agentes explican al tribunal de la Audiencia lo complicado que es obtener declaraciones de las víctimas por el miedo que tienen
La plaza de Roma de Zaragoza y su entorno ha sido durante muchos años foco de explotación sexual de mujeres, la inmensa mayoría de ellas inmigrantes africanas y muchas de Nigeria. Incluso en 2009 los vecinos de esa zona se echaron a la calle para pedir medidas por la inseguridad que se creó en las calles en las que las mujeres, probablemente agobiadas por no tener clientes en plena crisis económica y no ganar dinero que pagar a las mafias, abordaban a los conductores y transeúntes de manera muy agresiva. La situación derivó en un incremento de inspecciones y la situación se fue normalizando, pero la prostitución no desapareció.
Una operación policial de la Brigada de Extranjería llevada a cabo entre 2016 y 2017 se tradujo en la detención de 13 personas que ahora son juzgadas en la Audiencia Provincial por delitos de trata, explotación sexual, inmigración ilegal, blanqueo de capitales y por lucrarse de la prostitución. Otras tres implicadas están en paradero desconocido. Todas ellas son de origen nigeriano.
El coordinador de la operación, responsable de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif), conocedor de la dinámica de las redes de explotación sexual, explicó al tribunal que la organización cuenta con diferentes personas: las que captan en el país de origen, las que acompañan a las jóvenes en el trayecto (donde suelen ser ya agredidas sexualmente), las que las reciben en Europa y las que las acogen en los domicilios donde les quitarán la documentación y les comunicarán que desde ese momento tienen una deuda de miles de euros (entre 20.000 y 35.000 en el caso del juicio en curso).
Otro policía que participó en la investigación declaró que en este caso contaron con la inestimable ayuda de las declaraciones de jóvenes que, arropadas por miembros de ONG, decidieron colaborar como testigos protegidos y denunciar a los explotadores, entre los que hay ocho mujeres y cinco hombres. Los agentes rechazaron que les ofrecieran la posibilidad de acceder a la tarjeta de residencia a cambio de sus declaraciones, como plantearon varios abogados defensores.
Al contrario, subrayaron que el artículo 59 bis de la ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social recoge esa posibilidad sin necesidad siquiera de que declaren contra sus explotadores, si se prueba que ha sido víctima de trata de seres humanos.
En este caso, además de sus declaraciones, cuentan con intervenciones telefónicas, vigilancias que demuestran que estaban en domicilios de los acusados, un informe económico que revela que varios de los acusados hicieron 1.182 movimientos bancarios por importe de 361.455 euros. También coincide que todas salieron de Nigeria usando la ruta de Libia, Lampedusa y España.
