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Un juez frena la ejecución del embargo de una licencia de taxi en Zaragoza para evitar que sea subastada
La Seguridad Social la trabó por una deuda de 6.620 euros, lo que supone dejar al conductor sin trabajo y sin su única fuente de ingresos.
Un juez ha paralizado de manera cautelar la ejecución del embargo y eventual subasta de la licencia municipal de un taxista de Zaragoza que, por diferentes circunstancias, ha contraído una deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de 6.620 euros. La novedosa e importante decisión persigue evitar perjuicios irreparables pues, de subastarse la licencia –lo que ocurre frecuentemente–, el taxista se quedaría sin su herramienta de trabajo y sin su única fuente de ingresos tanto para vivir como para afrontar la deuda.
El magistrado, titular del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, ha solicitado, no obstante, al chófer una caución de 1.000 euros, que va a aportar la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza para ayudarle a salir de este bache. El juez mantiene también el embargo de la licencia aunque paraliza su ejecución, con lo que el profesional podrá continuar trabajando sin el peligro de quedarse sin empleo.
La repercusión que la futura decisión judicial puede tener para el sector es trascendental, pues es muy usual que embargos por deudas con la Administración acaben con las licencias (es decir, las herramientas de trabajo) subastadas. El chófer compró la suya en 2009 por 145.745 euros y tuvo que pedir un préstamo hipotecario del cual quedan pendientes de saldar unos 40.000 euros. Un problema de salud de la madre del conductor, de la que tiene que hacerse cargo, le impiden trabajar una jornada normal y eso le ha llevado a contraer la mencionada deuda con la Seguridad Social.
Como expone el abogado del conductor y de la asociación, Marco Antonio Navarro, la decisión de la Administración vulnera los derechos de su cliente por varios motivos. Uno de ellos es que resulta "totalmente desproporcionado" que se intente cubrir una deuda de menos de 7.000 euros con un bien cuyo valor actualmente asciende a más de 60.000 (dada la gran fluctuación que sufren las licencias de taxi).
El abogado añade que hay que tener en cuenta, además, que se trata de un bien "indivisible" y que el embargo no se puede ejecutar solo por la cuantía reclamada, que supone un pequeño porcentaje de la misma, sino por su totalidad. De esta forma, al subastarla se cubriría de sobras la deuda pero el deudor se quedaría sin su titularidad y, por ende, sin trabajo, sufriendo un perjuicio irreparable. Por el contrario, el abogado alega en su recurso que la medida cautelar solicitada –que el taxista pueda seguir circulando hasta que pague la deuda– no supone ningún perjuicio para la Administración.
Pero en lo que insiste en su escrito es que las licencias de auto-taxi son bienes "necesarios" para ejercer la profesión y plantea el debate de que deben ser "inembargables". Así lo alegó un recurso de alzada ante la propia tesorería, pero fue rechazado con los argumentos de que están sujetas a "actividades profesionales", tienen "valor patrimonial" y son "transmisibles y enajenables".
En cuanto a la cuantía de la deuda, muy inferior al valor de la licencia, la directora de la unidad responsable de la Tesorería respondió en el escrito que la ley permite el embargo de bienes cuyo valor sea superior a la cuantía reclamada "siempre que solo existan bienes de valor superior en el patrimonio del deudor".
La Administración recuerda también que aunque el recurrente señaló que podría saldar su deuda de manera menos perjudicial, no indicó cómo, aunque el abogado Marco Antonio Navarro afirma que su cliente pidió que le fuera fraccionada, posibilidad que lo fue denegada.
Tras ver rechazado el recurso, el letrado acudió a los tribunales, que han aceptado la medida cautelar que solicitó de suspender la ejecución del embargo hasta que se resuelva el dilema. La TSS, por su parte, pidió que, de estimarse la pretensión del taxista, se le solicitara una caución, a lo que también han accedido.
El juez ha ponderado los intereses en conflicto y, si bien entiende que el embargo como tal no es susceptible de generar un perjuicio puesto que puede seguir trabando, la eventual subasta de la licencia sí lo sería y podría producirse si no adoptara la medida cautelar mencionada.
