zaragoza
Condenado a prisión en Zaragoza por no pagar tres facturas del taller
La Audiencia Provincial considera que no fue un simple impago, ya que el acusado engañó a los responsables del negocio ocultando su mala situación económica.
La Audiencia de Zaragoza acaba de imponer una condena de un año, nueve meses y un día de prisión a un vecino de Fuentes de Jiloca por no pagar las facturas a su taller. Como mantuvieron la Fiscalía y la acusación particular durante el juicio, el tribunal considera que el investigado, R. M. H, sabía perfectamente que no iba a poder abonar el importe de las reparaciones. Sin embargo, ocultó su precaria situación económica a los responsables del taller y les encargó el arreglo de tres camiones. Los trabajos costaron 16.789 euros, pero el encausado, aprovechándose de su condición de cliente habitual, se llevó los vehículos sin abonar las facturas.
Los magistrados de la Sección Primera entienden que no se trataría de un simple impago, por el que solo cabría una reparación económica a través de la jurisdicción civil. Tras escuchar a los denunciantes y al acusado, el tribunal ha llegado a la conclusión de que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, ya que R. M. H. se valió del engaño para conseguir su propósito.
Y ¿dónde creen que se produjo tal engaño? La Sala recuerda en su sentencia que, entre octubre y diciembre de 2019, R. M. H. llevó hasta tres camiones a reparar. Al hacerlo, hizo creer a los dueños del taller que los vehículos pertenecían a la empresa Romeliu Trans S. L., de la que había sido apoderado general durante mucho tiempo su padre, cliente habitual. Pero mintió.
Como recuerda el tribunal en su resolución, el encausado ocultó al taller que la empresa de transportes de su padre arrastraba importantes pérdidas. Pero es que además los vehículos tampoco estaban a nombre de dicha mercantil, sino que habían sido adquiridos por Manchico Trans S. L., otra sociedad también dedicada al transporte pero de la que era único dueño el investigado y ahora condenado.
Probado el engaño, la Audiencia Provincial castiga al denunciado con la citada pena de cárcel y le obliga a pagar al taller el importe íntegro de las reparaciones más los intereses legales. La Fiscalía y la acusación particular pedían penas de entre 2 y 3 años de cárcel, pero el tribunal ha considerado más ajustada la de un año, nueve meses y un día.
