Invasión rusa de ucrania
La falta de vivienda de alquiler en Aragón frena la integración de los refugiados de Ucrania y de otros países
En el medio rural faltan pisos, en Zaragoza los precios son muy altos y también pesan los prejuicios sociales.
La falta de pisos de alquiler en el medio rural y los altos precios de los arrendamientos en Zaragoza están frenando la integración de los refugiados ucranianos cinco meses después del inicio de la invasión de su país por Rusia. Los alojamientos de emergencia que se pusieron en marcha para acogerlos cuando estalló la guerra dejarán de serlo a finales de agosto y algunos cierran sus puertas. La intención del Ministerio de Inclusión es que las familias que se defiendan en español y tengan posibilidades de incorporarse al mercado laboral den el salto a un hogar propio y avancen en su independencia e inserción sociolaboral con el apoyo de las entidades sociales, lo que supone pasar directamente a la segunda fase del programa de protección internacional.
"La incorporación al mercado laboral está siendo discreta. En los pueblos pequeños hay trabajo pero no vivienda y en Zaragoza los precios del alquiler han subido de una manera escandalosa e inasumible", explicó Julia Ortega, responsable de Accem. Esta organización, que ha atendido a 1.300 desplazados de Ucrania y gestiona 668 plazas de urgencia en una decena de localidades de todo Aragón, ya ha "descartado" el campin de Calatorao y planifica el cierre del albergue municipal de Romanos. "Otro problema es el transporte, la mayoría no disponen de un vehículo ni pueden adquirirlo y en poblaciones pequeñas tampoco hay medios públicos que les permitan desplazarse si encuentran un empleo o para gestiones", añadió.
"La búsqueda de vivienda de alquiler es muy complicada. Además, casi todo son mujeres con niños que para seguir atendiendo a sus hijos necesitan empleos de medio jornada", subrayó también Beatriz Larraz, responsable de protección internacional de refugiados de Cruz Roja en Aragón. Esta oenegé cuenta con 364 plazas de emergencia (252 en Zaragoza, 80 en Teruel y 32 en Huesca).
El problema viene de lejos. Los prejuicios sociales y la desconfianza que genera el colectivo de refugiados han convertido siempre la búsqueda de vivienda en una misión casi imposible. El Ministerio reconoce un abanico de ayudas al alquiler desde 376 euros al mes cuando se trata solo de una persona hasta 600 cuando la familia son cuatro o 780 si son ocho. Estas se mantienen al menos durante medio año, si los inquilinos no pueden afrontar este pago, y en esta fase de autonomía los desplazados son los que firman los contratos de alquiler. Los llamamientos para la cesión de pisos que se han hecho desde entidades sociales y administraciones no dan el resultado esperado.
Llegada de exiliados afganos
Desde Cepaim, su coordinadora en Aragón, Pilar Bernadó, lamenta la "improvisación" de la que hace gala el Ministerio. A su parecer, lo "ideal" sería que los desplazados pasaran a la fase de acogida "para poder recibir una ayuda integral" y no a una etapa de autonomía "para la que muchos no tienen ni cuenta bancaria porque no les ha hecho falta". Cepaim atiende a 60 ucranianos en Zaragoza y otros 50 en Teruel.
Las entidades aragonesas tienen agotadas las 1.400 plazas del plan de emergencia por la guerra, en cuanto alguna queda libre se ocupa, y también las del propio programa de protección internacional. En las últimas semanas la Comunidad ha recibido varios grupos de afganos que huyen del régimen talibán en aviones fletados por el Gobierno de España y se prevé que lleguen más.
