El Ministerio abre la puerta a posteriores liquidaciones de la rebaja del 30% en el transporte

El decreto menciona la posibilidad de compensar el dinero que aporten los ayuntamientos, pero sin comprometerse

Un bus de la línea 21 y el tranvía, a su paso por el paseo de la Independencia
Un bus de la línea 21 y el tranvía, a su paso por el paseo de la Independencia
Guillermo Mestre

El Ministerio de Transportes publicó este viernes la orden que regulará la reducción del 30% en el precio de los abonos mensuales y las tarjetas multiviaje del transporte público regional y local a partir de septiembre. El documento fija el 31 de julio como el último día para que gobiernos autonómicos y ayuntamientos soliciten la financiación, que posteriormente se entregará en el último trimestre del año. Como novedad con respecto al borrador, abre la puerta a liquidaciones posteriores, tal y como solicitó el Consistorio zaragozano, entre otros, para evitar que la medida del Ejecutivo central cueste dinero a las entidades municipales.

Desde el gobierno PP-Cs apuntaron que deberán analizar el contenido exacto del decreto aunque, en principio, lamentaron que no recoge las alegaciones, presentadas hasta en dos ocasiones y aprobadas las últimas ayer mismo por el Gobierno de la ciudad. «Tendremos que estudiarlo en detalle, pero a simple vista no se han admitido», indicaron fuentes del área de Movilidad. En este sentido, recordaron que el Ayuntamiento pidió, entre otras cuestiones, que la bonificación se extienda durante 2023, cuando también se prevé una inflación elevada.

No obstante, la mayor preocupación del Consistorio es que el dinero que llegue a las arcas municipales no sea suficiente para cubrir el gasto. En el caso de Zaragoza, los técnicos calculan que harían falta más de 1,3 millones de euros mensuales, teniendo en cuenta los abonos activos actualmente y las validaciones con tarjeta, lo que en cuatro meses ascendería a 5,5 millones. Por el momento, el documento tampoco aclara qué importe irá a parar a cada administración, aunque sí que indica que «si alguna norma estableciera la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de liquidación en los casos en los que, en base a las cuentas auditadas, la ayuda estatal no hubiera sido suficiente» se haría a lo largo de 2023.

«Analizaremos detenidamente el contenido cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado y veremos si hace falta volver a tomar algún tipo de decisión», apuntaron las mismas fuentes.

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