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La Fiscalía reprocha al presidente de la comarca de Cariñena que "judicialice" sus desavenencias
El Ministerio Público no ve ninguna prueba en la denuncia que José Luis Ansón presentó contra una funcionaria y su marido, guardia civil.
La funcionaria de la comarca Campo de Cariñena María Jesús V. B. y su marido, el guardia civil Domingo S., fueron juzgados ayer en la Audiencia Provincial como presuntos autores de un delito de coacciones y otro de prevaricación administrativa y se enfrentan a penas de dos años y tres meses de prisión y 12 de inhabilitación.
Tras escuchar sus declaraciones y las de los testigos, la Fiscalía siguió sin ver ninguna prueba de cargo que demuestre la culpabilidad de los acusados. Por eso, igual que durante la fase de instrucción pidió el sobreseimiento de la causa, ayer mantuvo su postura y solicitó la absolución de la pareja.
La representante del Ministerio Público expuso que lo que aprecia son "evidentes desavenencias" entre el presidente de la comarca Campo de Cariñena y alcalde de Tosos, el exsocialista José Luis Ansón, y la acusada María Jesús V., a quien tiene denunciada en otra causa por presunta revelación de secretos, en la que la Fiscalía también pide el sobreseimiento al no ver delito.
"Hay varios procedimientos en los que el denunciante siempre es Ansón y la denunciada siempre es María Jesús V.", recalcó. La fiscal afirmó que no existen pruebas y lo que sí ve es que "se están judicializando asuntos laborales, profesionales e incluso personales".
Lo mismo puso de relieve el abogado de los acusados, Marco Antonio Navarro, que exigió que José Luis Ansón sea condenado expresamente en costas por la "temeridad" y "mala fe" demostrada en el procedimiento.
No en vano esta es una de las nueve denuncias que el presidente de la comarca Campo de Cariñena interpuso hace casi dos años como respuesta al bloqueo de sus presupuestos y la exigencia de dimisión firmada por 9 de los 14 alcaldes de su demarcación por sus gastos en dietas y recorte de servicios.
Cinco de ellas ya las ha perdido y ahora ha añadido otra en el Tribunal Supremo contra el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por su expulsión del PSOE. Como entre sus atribuciones está la de litigar sin necesidad de contar con la aprobación del pleno –que no convoca desde septiembre de 2021–, sus pleitos corren a cargo del erario.
El asunto que se ventilaba ayer se remonta a marzo de 2020, cuando se decretó el confinamiento por la covid. Según declaró Ansón, representado por Alejandro Aldea, presentó una denuncia porque tres funcionarias le dijeron que María Jesús V. "les había metido el miedo en el cuerpo" al decirles que habría una inspección de la Guardia Civil en el trabajo.
Las empleadas no fueron a trabajar el 29 de marzo y el 30, efectivamente, el acusado Domingo S. y otros agentes inspeccionaron la sede de la comarca para ver si se infringían las medidas sanitarias y se podía estar cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores, lo que derivó en la acusación por prevaricación administrativa contra Domingo S.
Pero las afectadas dieron una versión muy distinta a la de Ansón. Las tres (una de las cuales fue despedida) dijeron que a pesar de las restricciones de esos días el presidente de la comarca no les había dado justificantes para desplazarse y dos vivían en Zaragoza y una en Utebo y tenían que hacer entre 40 y 60 kilómetros por carreteras con controles, arriesgándose a una denuncia.
Coincidieron en que "nunca" se sintieron "coaccionadas", aunque sí "dirigidas" y "nada bien tratadas" por el capitán jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, el cual las citó en la sede de la comarca, algo calificado por la fiscal de "absolutamente irregular". "Me dijo que yo era una víctima, pero me sentí como una delincuente", dijo una. "No me gustó nada que enseñara la pistola todo el rato", añadió otra. El capitán afirmó que consideró más procedente interrogarlas en la sede de la comarca que en el cuartel o la comandancia.
