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Un abogado y un conocido intermediario de Zaragoza, acusados de estafa tras un fallido negocio urbanístico
Las acusaciones piden penas de 3 a 6 años de cárcel por engañar a una constructora a la que ofrecieron una operación inmobiliaria
El abogado Javier P. Y. y el intermediario Mariano C. V. están siendo juzgados en la Audiencia de Zaragoza como presuntos autores de una estafa o una apropiación indebida y un delito societario por ocultar información a la constructora a la que buscaron como socia de una operación inmobiliaria. La Fiscalía solicita penas de tres años de cárcel y la empresa perjudicada, representada por José María Lumbreras, seis. Mientras, las defensas de ambos acusados, a cargo de Carmen Sánchez y Fernando Rodríguez, piden la absolución.
Una de las primeras cuestiones que deberá dilucidar el tribunal es si los dos acusados actuaban de mutuo acuerdo y quién tomaba las decisiones. Porque si bien en la empresa Suelos Soria 2016 S. L. el administrador único era Javier P. Y., lo primero que este dijo al tribunal es que él no era más que un «testaferro» de Mariano C. V. y que por esa función cobraba 1.000 euros al mes. «En realidad todos los negocios eran suyos, pero como él tenía problemas con Hacienda, hacía las operaciones y yo las firmaba», manifestó.
Mariano C. V. –una de las personas que quiso comprar el Real Zaragoza a Agapito Iglesias– negó estas acusaciones y se presentó como un mero «intermediario» que cobraba comisiones por poner en contacto a una empresa interesada en construir algo (supermercados de la cadena Lidl, en este caso) y a otra con los suelos adecuados. Y luego «invitaba» a otras a licitar esas obras. Así había ocurrido con la constructora Río Valle Construcción y Obra Pública, la cual levantó dos o tres supermercados sin problemas, como también ratificó el extorero y representante de la cadena Lidl, Raúl Z.
Pero en mayo de 2016, según las acusaciones, Mariano C. V. y Javier P. Y. convencieron a Río Valle para participar en una operación consistente en desarrollar unos terrenos en Calahorra (La Rioja) para venderlos luego a Lidl. Para ello, la constructora tenía que comprar a los acusados la mitad de las participaciones de Suelo Soria, que supuestamente ya había adquirido los terrenos en Calahorra, aunque en realidad no era así, ya que solo había dado una señal a los propietarios.
No inscribieron los cambios
Río Valle desconocía esta circunstancia y accedió a participar en Suelos Soria aportando 500.000 euros «a modo de préstamo». Este dinero iría destinado a desarrollar el negocio y a compensar el desembolso ya efectuado en la supuesta compra de terrenos.
En junio de 2016 se produjo la compraventa de participaciones de Suelo Soria y se nombró un representante mancomunado de Río Valle. «Ellos (los acusados) dijeron que iban a inscribir el acuerdo en el Registro. Nosotros, como teníamos plena confianza en ellos por otras operaciones y veíamos que Mariano C. V. se movía en la notaría como Pedro por su casa, nos fiamos», declaró Elia V., representante legal de la constructora. Sin embargo, nunca llegaron a registrarla y siguieron actuando como si Suelos Soria fuera solo de Javier P. Y., con Mariano C. V. de administrador «de hecho», según la fiscal.
Esos 500.000 euros fueron empleados, según se puso de relieve en el juicio, para adquirir en renting un Audi 8 en el que se desplazaba Mariano C. con chófer, ya que, dijo, él tiene un problema de cadera y no puede conducir. También para hacer un préstamo de 60.000 a la madre de Mariano C. V., que devolvió.
Elia V. contó al tribunal que al ver que no salía el proyecto empezó a pedir las cuentas de la sociedad y le dieron «mil excusas». Tras «amenazar a los acusados con abogados», lograron recuperar 100.000 euros. La mujer añadió que el día que acudió a la entidad bancaria a preguntar por las cuentas de Suelos Soria y le dijeron que su nombre no figuraba en la sociedad, se dio cuenta de que la habían «estafado». Las tarjetas de esa cuenta las manejaba Mariano C., a pesar de estar a nombre de Suelos Soria. «Fue un error que dije que cambiaran, pero no me hicieron caso», declaró el acusado.
