Campo de cariñena
Ansón pierde 5 de las 9 denuncias con que respondió a su intento de cese por las dietas
El TSJA también archiva la causa contra el expresidente de la comarca de Cariñena.
El presidente de la comarca Campo de Cariñena y alcalde de Tosos, José Luis Ansón, ya ha perdido cinco de las nueve denuncias que interpuso hace casi dos años como respuesta al intento de cese de nueve de los catorce alcaldes de su demarcación por sus gastos en dietas y recorte de servicios. Pese a los varapalos judiciales y acumular una abultada factura en abogados pagada por el erario, se ha enrocado en su puesto, se ha enfrentado con la plantilla, no convoca el pleno desde septiembre de 2021 y ha abierto otro frente judicial en el Tribunal Supremo contra el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por su expulsión del PSOE.
En unas pocas semanas interpuso hasta nueve denuncias ante el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Daroca y la Guardia Civil contra trabajadores y cargos públicos, incluso de los que entonces eran compañeros de partido, por revelación de secretos, coacciones, prevaricación y usurpación, entre otros presuntos delitos.
Transcurridos dos años, no ha ganado ni un solo caso en los tribunales y ha disparado los gastos en representación legal, que han pasado de contar con una partida de 1.000 euros en las cuentas de 2019 a elevarse la cuantía desembolsada a 24.000 euros en 2020 y a 47.813 euros en 2021, según consta en la documentación comarcal. Y para este año ha planteado una partida aún mayor, de 60.000.
José Luis Ansón defendió entonces que no actuaba "por odio y venganza", sino para que se cumpliera la ley, pero no supo explicar por qué había esperado un año para abrir su particular cruzada judicial.
El primero en salir airoso fue el diputado provincial socialista y alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente, por el delito de coacciones, del que fue absuelto, y el último ha sido el diputado autonómico y alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, al que también denunció en su condición de expresidente de la comarca. Entre medias tampoco prosperaron sus denuncias contra un trabajador por el uso indebido de un ordenador durante la jornada laboral y por intrusismo al ocupar un puesto sin ostentar la correspondiente diplomatura y contra otra trabajadora por usurpación de estado civil.
La última demanda que interpuso, a finales de 2020, fue contra su predecesor en el cargo, Sergio Ortiz, por la subida salarial de los trabajadores de la comarca que avaló por unanimidad el pleno en 2018 en contra del informe del secretario. Lo más sorprendente es que el propio Ansón lo respaldó con su voto como consejero sin que hace cuatro años pusiera la más mínima pega.
La Fiscalía pidió el archivo al considerar que no pudo haber engaño u ocultación de documentos cuando estuvieron a disposición del consejo de la comarca. "Si no han tenido información será responsabilidad o negligencia de acudir a un órgano colegiado sin leer la documentación", censuró.
En la misma línea, el TSJA destacó en su sentencia de archivo que compartía con el Ministerio Público que no se trató de una decisión arbitraria del expresidente, dado que fue adoptada de forma colegiada y por unanimidad de los consejeros que acudieron al pleno del 20 de diciembre de 2018, "entre los que se encontraba el propio denunciante, que ninguna objeción formuló a ello". Además, recordó que se tramitó el correspondiente expediente "con la aportación de los informes exigidos de los miembros de los cuerpos nacionales de intervención y secretaría, que fueron vistos por el Consejo antes de adoptar el acuerdo, según se lee en el acta".
