El pleno de Calatayud ratifica ir al Supremo para reclamar una ayuda del 1,5% cultural

La propuesta sale adelante con el apoyo del equipo de gobierno PP-Cs, las abstenciones de PAR y Vox y el no del PSOE.

El cartel está colocado a los pies de la muralla exterior del castillo mayor de Calatayud.
El cartel está colocado a los pies de la muralla exterior del castillo mayor de Calatayud.
J. MACIPE

El pleno del Ayuntamiento de Calatayud, en sesión extraordinaria celebrada a primera hora de este jueves, ha dado el visto bueno para acudir al Tribunal Supremo e interponer un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima la alegación que hizo el Consistorio por la resolución del entonces Ministerio de Fomento para denegar una ayuda de 250.000 euros del 1,5% cultural destinada a la restauración del torreón este y un tramo de muralla contiguo del castillo mayor de la ciudad. Lo ha hecho con el sí del equipo de gobierno PP-Cs, las abstenciones de PAR y Vox y el no del PSOE.

Según el alcalde, José Manuel Aranda (PP), en enero de 2018 se recibió la notificación para que se financie la obra en las anualidades 2018 y 2019. "Se aceptó por decreto de Alcaldía y se envió toda la documentación solicitada, incluida la actualización del proyecto por vía electrónica y en papel, con registro documentado", insiste el regidor. No obstante, ha detallado que el arquitecto municipal, tras no poder contactar vía telefónica, remitió un correo electrónico a la Subdirección General explicando que al repasar la documentación de la sede electrónica no constaban los anexos y para asegurar que constaba.

A esa consulta, la responsable ministerial responde que no es viable responder a todas las consultas por escrito. Desde entonces, el primer edil, explica que al Ministerio se le fue remitiendo toda la documentación derivada del proceso de adjudicación: anuncios, certificados de obra y memorias. En casi un año después, en noviembre de 2019, cuando Fomento responde que la solicitud de la ayuda ya fue cursada en 2010 por el Gobierno de Aragón y que finalmente no se ejecutó. "Es una muestra de la descoordinación en el Ministerio", ha apuntado Aranda. Un mes después, el Ministerio les subraya que la concesión era de forma provisional y que la obra quedaba excluida.

"No concretan que datos faltan. Se hace un requerimiento previo y nos dicen que la convocatoria está cerrada", ha recordado el alcalde. De igual forma, ha insistido en que "la documentación se mandó en tiempo y hora", a la vez que deslizaba que "no querría malpensar pero en medio hubo una moción de censura". Por su parte, Ana Belén Ballano, portavoz del PAR, ha apuntado que "algún error hubo, de la sede electrónica o personal, y cuando se remite el correo para explicar y comprobar, es bastante días después, cuando el plazo estaba pasado". "La cuestión es si merece la pena seguir recurriendo no por si teníamos razón y ellos no lo recibieron o que la culpa es de la sede electrónica del Ministerio sino por la jurisprudencia y la legislación", ha puntualizado.

Desde el PSOE, Yolanda Júlvez, en el turno de explicación de voto, concretó que "no es la primera vez que el equipo de gobierno pierde una subvención por no presentar debidamente la documentación, como con el polideportivo". "La perdieron porque se les requirió una documentación y no fue presentada ni en tiempo ni en forma. No se subsanaron los requerimientos, como consta en la sentencia que dice que no se ha acreditado. En lugar de reconocer el error se empeñan en buscar un culpable externo y eso lleva a malgastar el dinero de todos", ha insistido.

De igual forma, Júlvez ha hecho hincapié en que la primera resolución era "provisional y eso, advierten, no crea derecho alguno hasta que no se reciba la definitiva y cuando se pide la documentación para que sea definitiva, llegan fuera de plazo". En este sentido, Júlvez ha criticado que la celeridad en empezar las obras pudo deberse a la cercanía electoral. A su vez ironizó con que esta decisión si haya pasado por pleno, al contrario que el recurso que se interpuso en la Audiencia Nacional.

En la misma sesión, con el sí de PP, Cs y Vox salió adelante la propuesta para que los representantes políticos asistan como meros oyentes a las mesas de contratación de personal, con las abstenciones de PSOE y PAR.

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