El policía nacional con destino en la Jefatura Superior de Aragón Luis R. A., el policía local de Zaragoza Julián R. L. y el carnicero Gabriel O. D. no actuaron de la mejor manera, pero no ha quedado acreditado que cometieran ningún delito. A esta conclusión ha llegado la titular del Juzgado de lo Penal 5, quien acaba de absolver a estos tres hombres de los delitos que les imputaba la Fiscalía y por los que pedía prisión como presuntos integrantes de una trama criminal que se dedicaba a facilitar la permanencia irregular en España de ciudadanos chinos consiguiéndoles papeles y contratos falsos previo pago de entre 5.500 y 6.000 euros.

La macrocausa que permitió destapar el complejo entramado se empezó a instruir en 2013 y llegó a sumar 110 acusados. Sin embargo, los cabecillas de la organización, cinco inmigrantes chinos afincados en la capital aragonesa, ya fueron condenados el pasado mes de marzo en una sentencia de conformidad en la que se confesaban autores de delitos de falsedad en documento oficial, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal. También fue condenado entonces el policía local de Zaragoza Fernando S.C., quien firmó dos contratos de trabajo simulados y autorizó el empadronamiento en su domicilio de trece asiáticos para que pudiera solicitar el permiso de residencia en Zaragoza.

Nunca quisieron pactar

Los dos policías y el empresario que ahora han sido absueltos, a los que representan los letrados Enrique Esteban, Pilar Sangorrín y Pablo Jiménez, nunca quisieron firmar un acuerdo con la Fiscalía, como sí hicieron la mayoría de investigados, ya que ellos siempre negaron haber actuado movidos por un ánimo de lucro. Y así lo ha entendido finalmente la juez, que los exonera de cualquier delito pero aprovecha la sentencia para afearles su proceder.

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Cabe recordar que los dos policías contrataron a sendas empleadas del hogar chinas por 40 horas a la semana y que el carnicero contrató a dos repartidores para su negocio. «Los encausados alegaron que desconocían la existencia de la red criminal y que los contratos eran reales, que no eran falsos, lo cual sin embargo ofrece dudas, si tenemos en cuenta que se trataba de contratos por tiempo completo y de un año de duración», señala la magistrada en su sentencia. Pero va incluso más allá y dice: «Si bien los contratos de trabajo firmados por los acusados son aparentemente ficticios y mendaces en relación a la duración y el tiempo de trabajo, existen dudas sobre la posibilidad de que realmente hubiera un interés real en contratar a los ciudadanos chinos, si bien en otras condiciones».

Pero la titular del Juzgado de lo Penal número 5 acaba admitiendo un hecho irrefutable: la ley solo proscribe el favorecimiento de la inmigración ilegal con ánimo de lucro. Y esta ha acabado admitiendo la posibilidad de que la contratación fuera cierta y real, aunque por menos tiempo, «y que tuviera lugar por hacer un favor» a los cabecillas de la trama, que eran amigos suyos.