El Justicia recrimina al Ayuntamiento su pasividad ante la campaña antiabortista en marquesinas
En un informe, critica que el consistorio se limitó a esperar a que el concesionario retirara “motu proprio” estos carteles que, dice la institución, atentaban contra la libertad de las mujeres.
Un informe del Justicia de Aragón recrimina al Ayuntamiento de Zaragoza que permitiera en soportes publicitarios de su titularidad una campaña antiabortista pagada por una asociación ultracatólica que animaba a rezar ante las clínicas donde se practican interrupciones del embarazo. Además, señala la pasividad del consistorio que, pese a las quejas, esperó a que el concesionario, Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la retirara por su voluntad.
El Justicia de Aragón suscribe los argumentos de las denunciantes. Por ejemplo, que "la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información".
En este sentido, el informe del Justicia subraya que "a diferencia con otros Ayuntamientos como el de Vitoria que, tras solicitar un informe al Instituto Vasco de la Mujer, por las dudas de legalidad de la campaña, ordenó su retirada, el de Zaragoza se limitó a esperar a que el concesionario retirara la campaña “motu proprio”, cosa que hizo el 31 de enero.
Por contra, el informe exonera al Instituto Aragonés de la Mujer (IAM): "Ha sido correcta en la medida que se puso en marcha el mecanismo de inspección solicitado a través de su remisión". No obstante, en el escrito se le "conmina" a poner en marcha el Cuerpo de Inspección que tienen comprometido.
El informe sugiere al Ayuntamiento de Zaragoza que para situaciones análogas en el futuro "se establezca la necesaria coordinación para analizar este tipo de publicidad y, dentro de las competencias legales que cada una de ellas tenga, en su caso se proceda a la retirada de la publicidad que pueda atentar contra la legalidad y específicamente puedan suponer una vulneración del derecho de las mujeres a la protección de la salud sexual y reproductiva, el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y al derecho a la integridad física y moral de las mujeres, derechos especialmente relacionados con los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 18 de la CE". Y añade: "Que, caso que se produzcan incumplimientos de sus obligaciones por parte de la entidad adjudicataria, se incoe el procedimiento de imposición de penalidades tal y como está previsto".
