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Un juicio con jurado por el uso indebido de un teléfono en Miedes se apaña con una multa

El Ayuntamiento de Miedes denunció a una auxiliar por usar el terminal de forma privada y acarrear un gasto de 107 euros.

Foto de Miedes de Aragón
Imagen de archivo de la localidad de Miedes.
Jesús Macipe

Un acuerdo in extremis para resolver un gasto de 107,42 euros por el uso inadecuado de un teléfono móvil, propiedad del Ayuntamiento de Miedes, evitó ayer un juicio con Jurado cuyo coste habría superado con creces la cantidad que se ventilaba en la vista. Aún así, como las personas que debían componer el Jurado estaban citadas para ser seleccionadas, cada una cobrará media dieta (33,50 euros) por la mañana que dedicaron a esta obligación ciudadana. Y otra media por la vez que fueron convocadas en febrero para el mismo juicio, que tuvo que suspenderse por enfermedad de un letrado. En total, 1.608 euros.

La solución fue posible gracias a que tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el Consistorio, plantearon a la defensa cambiar la calificación del delito y pasar de una presunta malversación de caudales públicos ­–que acarrea prisión e inhabilitación para trabajar como funcionario– a una defraudación de telecomunicaciones, castigada con una pena de multa, atenuada cuando el perjuicio no excede de 400 euros como es el caso. El abogado de la acusada, Julián Lozano, que solicitaba la absolución, pues entendía que nunca hubo un delito, se avino al acuerdo ya que suponía cerrar un asunto que duraba ya cinco años y ha condicionado la vida personal y profesional de su cliente.

El pacto supuso que de la petición inicial de tres años de cárcel y siete de inhabilitación que pedía la Fiscalía (dos años y medio y seis meses de suspensión de empleo, el Ayuntamiento), al final se quedara en una multa de 360 euros. Además, como la acusada ya adelantó 135 euros para pagar la factura del teléfono móvil, la responsabilidad civil ya está saldada.

El caso proviene de una denuncia que interpuso el Consistorio de Miedes, representado por el abogado Miguel Guillén, contra la auxiliar administrativa por el uso sin consentimiento que hizo del móvil. El teléfono lo empleaba para asuntos relacionados con el trabajo pero, en casa, su entonces pareja lo utilizó de forma privada para hacer 26 llamadas, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 por importe de 88,78 euros más 18,64 de IVA que fueron facturadas por Vodafone al Ayuntamiento. La mujer fue denunciada por este hecho y por otras supuestas irregularidades que fueron totalmente desestimadas por el juzgado de instrucción. Al final, la que prosperó y se le dio un curso penal fue el uso del móvil.

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