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Absueltos 20 inmigrantes chinos de falsear contratos para conseguir la residencia en Zaragoza
Dos años y medio después de celebrarse el juicio, la magistrada no ve pruebas para condenar a los encausados.
La titular del Juzgado de lo Penal número 7, María Pilar Alguacil, acaba de absolver a veinte inmigrantes chinos a los que juzgó hace dos años y medio. Los veinte se sentaron en el banquillo en septiembre de 2019 acusados de falsedad en documento oficial y delitos contra los derechos de los trabajadores. Ha tenido que pasar todo ese tiempo para que los encausados conozcan su sentencia, que en este caso es absolutoria, pero aún cabe la posibilidad de que sea recurrida por la Fiscalía y de que el proceso se dilate todavía más en el tiempo.
El Ministerio Público solicitaba para trece de los encausados sendas condenas de un año de cárcel y multas de 2.700 euros por falsedad documental en concurso con un delito contra los derechos laborales. A otros siete les atribuía solo la falsedad, pero las penas que reclamaba eran similares a las anteriores. Las defensas, ejercidas por los abogados Diego Gracia Pola, Javier Elía o Eva Parra, entre otros, pidieron la absolución desde el principio.
La acusación derivaba de una investigación llevada a cabo por la Policía, la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social que se inició en 2015 al sospecharse de 102 solicitudes de visado de entrada al país que se presentaron en el consulado español en Pekín. De ese centenar de peticiones, 51 lo eran para trabajar en Zaragoza. Los agentes concluyeron que, salvo en un caso, los solicitantes no tenían arraigo en la capital aragonesa y, además, el puesto para el que habían sido contratados no era real.
Con esta estratagema, según mantenía la acusación pública, trece de los acusados simularon contratar a siete compatriotas a los que dieron de alta en la Seguridad Social y estos, a cambio de dinero, se beneficiaron de permisos de trabajo y de residencia. El fiscal sostenía que los contratos se firmaban a jornada completa por un año y en ese periodo regularizaban su situación. La mayoría eran para atender tiendas o bares, bien de cara al público o en almacén.
Una vez concedidos los permisos, uno o dos meses después los recién llegados se daban de alta en la Seguridad Social en empresas de otras ciudades de España y se iban de Zaragoza. Esos periodos tan cortos, sumado al hecho de que los contratados no tenían arraigo familiar en la capital aragonesa, hizo sospechar a los investigadores.
Para demostrar su tesis, la Policía y los inspectores de Trabajo vigilaron las tiendas y bares en diferentes horas del día para ver si era verdad que los nuevos empleados ejercían como tales y en muchos casos comprobaron que no estaban. Sin embargo, para la magistrada esa ausencia no es prueba de cargo suficiente para demostrar que la relación laboral reflejada en los contratos no existía.
La magistrada reconoce que «llama la atención» que no estuviesen en sus puestos de trabajo los días que fueron los agentes, pero añade que «ponderando las escasas vigilancias realizadas (mayoritariamente dos por tienda más la visita de inspección), el mínimo tiempo que se invertía en ellas, con toda probabilidad por falta de recursos (...), no permite inferir que la relación que reflejan los diversos contratos no existiera (...)».
El escaso tiempo que permanecían en los empleos tampoco es prueba para la juez de que fueran fraudulentos y puede obedecer, según la sentencia, a que no estuvieran «satisfechos» y buscaran otras ocupaciones.
Durante el juicio, los acusados, salvo uno que se negó a declarar, dijeron que contrataron a sus compatriotas porque los necesitaban. Añadieron que no recibieron dinero a cambio y que pagaron el salario pactado. Los contratados manifestaron lo mismo y la juez entiende que durante la vista oral no se demostró lo contrario.
Un caso similar en el que se han pactado 96 condenas
Esta causa que la juez Alguacil ha resuelto con una absolución procede de una investigación similar que hizo la Policía de Extranjería en Zaragoza y que cerró en 2014 con 127 detenidos y 260 imputados. La Fiscalía dirigió la acusación finalmente contra 119 personas (111 chinas y 8 españolas) que iban a ser juzgadas en septiembre de 2020, pero la pandemia obligó a suspender la vista.
Entonces se empezó a hablar de posibles conformidades para evitar tal macrojuicio y el juzgado de lo Penal número 5, encargado del mismo, con la magistrada y la letrada de la Administración de Justicia a la cabeza, comenzó a trabajar con la Fiscalía y las defensas para llegar a los máximos acuerdos posibles. A fecha de hoy han logrado 96 conformidades (que implican condenas de prisión); otros 19 están en paradero desconocido y tres (concretamente dos policías locales y uno nacional que fueron acusados) no han llegado a ningún acuerdo y serán juzgados.
