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Aranda rectifica unas declaraciones sobre un representante sindical del Ayuntamiento de Calatayud
El alcalde bilbilitano no irá a juicio tras matizar unos comentarios realizados en la Cadena SER y que el responsable de UGT demandó por una posible vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical
El Ayuntamiento de Calatayud y su alcalde, José Manuel Aranda (PP), han evitado finalmente el juicio previsto en el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza a raíz de una demanda interpuesta ante una posible vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical por un representante de los trabajadores del Consistorio tras unas declaraciones realizadas en noviembre de 2021 en la emisora local de la cadena SER. Así, el primer edil, en el mismo medio, realizó ayer "una rectificación" en antena y reconoció que "las manifestaciones que efectué no fueron expresadas de modo correcto".
"En ningún momento fue mi intención faltar al respeto al secretario de la sección sindical de UGT", explicó Aranda. De la misma forma sostiene que "tampoco fue mi voluntad cuestionar en momento alguno su labor como representante en el Ayuntamiento, así como tampoco vulnerar su derecho a la libertad sindical que legalmente tiene reconocida". En este sentido, el primer edil asumió que "no fue mi propósito cuestionar en modo alguno su actividad, como tampoco la compatibilidad con el crédito horario que legalmente le corresponde como representante sindical". Funciones, dice, que "asume y respeta".
El regidor también subrayó, en el mismo comunicado, que este representante "tiene reconocida desde 1997 la compatibilidad para el ejercicio privado de su profesión, la cual ha venido ejerciendo sin conflicto alguno con intereses municipales".
El origen de la polémica se remonta a un comunicado en el que UGT "denunciaba" la inacción del equipo de gobierno para renovar el pacto de funcionarios y el convenio de laborales de la plantilla del Consistorio.
Como respuesta, el primer edil, en una entrevista radiofónica, contestó que dicho representante era "quien menos puede hablar" para posteriormente cargar contra sus "horas fichadas", lo que el demandante consideró un "ataque frontal al ejercicio de la libertad sindical".
