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El Supremo pone fin al objetivo de la DGA de desheredar a la cuidadora de una anciana en Zaragoza
La Comisión de Tutela acusaba a la mujer de aprovecharse del alzhéimer de la nonagenaria para quedarse con todos su bienes.
La Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos del Gobierno de Aragón acaba de ver cómo el Tribunal Supremo (TS) echa por tierra su última posibilidad de demostrar que Damaris N. A. se aprovechó del alzhéimer que sufría la nonagenaria a la que cuidaba para conseguir que la declarase heredera universal de sus bienes. Primero la Audiencia de Zaragoza y después el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sentenciaron que no había pruebas para condenar a la acusada de estafa e imponerle una condena de ocho años de prisión, que era lo que pretendía la acusación.
No conforme con estas dos resoluciones y convencida de que existía un engaño flagrante, la DGA decidió apurar todas las posibilidades legales y acudir al Supremo. Sin embargo, el Alto Tribunal le reprocha ahora que nada distinto a lo dicho haya aportado en su recurso. Y por considerar «lógica, motivada y razonable» la sentencia que en su día dictó el TSJA, no solo desestima las pretensiones de la Comisión de Tutela sino que también la condena en costas.
Los hechos que llevaron a la apertura de esta causa judicial se remontan al año 2019, cuando el director de una oficina bancaria se puso en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para advertir del sospechoso comportamiento de la cuidadora. El hombre temía que esta empleada pudiera estar prevaliéndose de la anciana, que mostraba un evidente deterioro cognitivo. Y eso fue lo que finalmente constató la trabajadora social que se hizo cargo del caso, quien de forma inmediata inició los trámites para la incapacitación de la mujer, de 92 años. El siguiente paso fue denunciar una posible estafa de 180.000 euros.
Un juicio con sorpresa
«Yo no saqué nunca ni un solo euro de sus cuentas. No sabía ni que figuraba como titular», declaró Damaris N. S. durante el juicio celebrado en octubre de 2020 en la Audiencia de Zaragoza. Pero su abogado, Javier Osés, fue más allá y dijo: «¿Qué necesidad tenía esta mujer de quitarle 180.000 euros a Martina (la anciana) si va a heredar todo?». Aquello dejó descolocadas tanto a la Fiscalía como a la acusación particular, que desconocían hasta ese momento que la nonagenaria había declarado heredera universal a la cuidadora en 2016. «Y que yo sepa –apuntó el letrado–, por aquellas fechas nadie había detectado ningún deterioro cognitivo en la señora».
Al enterarse de un hecho tan importante, la Comisión de Tutela no solo exigió al tribunal que condenara a la acusada a devolver los 180.000 euros, sino también que declarara nulo el testamento. Pero ni una cosa ni otra hicieron los magistrados de la Sección Tercera, que al no encontrar pruebas «ni directas ni indirectas» que permitieran probar el engaño absolvieron a Damaris N. A.
Cuando la DGA impugnó el fallo por considerar que carecía de motivación, el TSJA contestó que este valoraba en sus hechos probados «y con el detalle necesario» cuál fue la actuación de la acusada. El recurso fue desestimado, pero la Comisión de Tutelas tampoco se conformó y volvió a intentarlo ante el Supremo lanzando duras críticas contra el pronunciamiento del TSJA. Pero el Alto Tribunal asegura que este último valoró también «de forma racional» la prueba y no ve razón alguna para repetir la vista o condenar a la cuidadora.
