Zaragoza

Juzgan al dueño de una frutería pakistaní por hacer contratos ilegales en Zaragoza

El acusado, para el que piden prisión, negó este lunes que los irregulares a los que sorprendieron en su tienda trabajaran para él.

El acusado, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
El acusado, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
HA

Solo hace falta un número NIE (número de identidad de extranjeros) para dar de alta en la Seguridad Social a una persona. No hay nada que permita cruzar datos con la base policial de la Brigada de Extranjería o con Hacienda para saber si esa persona está regularizada o no, tiene permiso de trabajo o no. Así lo explicó este lunes en la Audiencia Provincial una inspectora de Trabajo que, junto a la Policía, intervino en una frutería de Conde Aranda (ahora cerrada). 

El dueño del negocio, Amir S., fue juzgado por un delito contra los derechos de los trabajadores. El pakistaní se enfrenta a un año y medio de cárcel por tener empleadas a dos personas –una mujer marroquí y un joven gambiano– que carecían de permiso de trabajo y, por tanto, de contrato. 

También tenía empleada a una mujer boliviana a la que, sin embargo, había dado de alta en la Seguridad Social a pesar de que sobre ella pesaba una orden de expulsión y su permiso de trabajo había caducado. Cuando la fiscal preguntó a la inspectora de Trabajo cómo era eso posible, la testigo respondió: "Es una debilidad del sistema. No hay filtro previo que diga que no se puede tramitar un alta". Añadió que, no obstante, corresponde al empresario comprobar antes si el trabajador tiene la documentación en regla. Aunque acto y seguido subrayó que en muchos casos el empresario "sabe a quién elige".

Dos policías de la Brigada de Extranjería que testificaron en la vista oral explicaron que hicieron vigilancias antes de intervenir. "Cuando les preguntamos creímos entender que al marroquí que tenía contratado le pagaba con alimentos", afirmó uno de ellos. Añadió que no se creyeron las explicaciones que les dio el inmigrante pakistaní. "Cuando encontramos situaciones así ponen excusas para hacernos creer que no tienen que ver con ellos (los empleados de su tienda), pero todos siguen la misma estrategia. Cogen gente irregular que les ayudan a cargar y descargar a cambio de alimentos o de un dinero, indicó el agente.

Amir S. negó que tanto la joven marroquí como el chico gambiano trabajaran para él. De la primera dijo que había sido su pareja y que iba a la frutería al mediodía para que él pudiera comer. Del joven de Gambia aseguró que fue una casualidad que el día de la inspección fuera con él en su furgoneta y aparcara en la puerta de la tienda para descargar. "Lo encontré en Mercazaragoza y estaba enfermo y le ofrecí acercarlo al centro, nada más", respondió. La versión del joven se desconoce porque nunca declaró en el atestado. 

Sí se sabe la de la marroquí, que este lunes dijo que trabajaba para Amir S. "No sabía que yo no tenía documentación. Le pregunté si me podía ayudar porque no tenía empleo y me lo dio", señaló. La testigo manifestó que le parecía bien lo que le pagaba porque "no tenía otra opción".

Amir S. afirmó también que no sabía que la mujer boliviana tuviera una orden de expulsión porque nunca se lo dijo. "Le pedí que llevara la documentación a la gestoría y allí tramitaron el contrato y el alta en la Seguridad Social", manifestó. 

La abogada del acusado, Celia Gil, expuso al tribunal que ninguna de esas personas fue obligada ni engañada y que fueron ellas quienes ocultaron información a su cliente. Para él trabajaban dos inmigrantes más, pero estos sí estaban dados de alta en la Seguridad Social. Recordó que la Inspección de Trabajo ya ha sancionado con 30.000 euros a su representado y que ahora tiene bloqueado el código que permite crear una empresa. 

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