El paso de camiones enfrenta a la empresa minera de Embid de Ariza y a su alcalde
La compañía alega que las medidas que restringen la circulación son arbitrarias y el regidor replica que son proporcionales.
El desencuentro que mantienen el alcalde de Embid de Ariza, Joaquín Mariscal, y la empresa minera Silmor a cuenta del paso de los vehículos de la compañía por varios puntos del término municipal hasta la explotación de arena de sílice que gestiona en esta localidad de la comarca Comunidad de Calatayud ha escrito un capítulo más. Así se desprende de una sugerencia del Justicia de Aragón dirigida al Ayuntamiento en la que plantea que el Consistorio tiene que dar constancia de la "justificación técnica que acredita la racionalidad, proporcionalidad y eficacia de la prohibición de circular por los caminos a los vehículos no agrícolas o ganaderos con capacidad para transportar más de 10 toneladas".
Según consta en el documento, Silmor gestiona desde hace décadas una explotación de extracción de arena de sílice que acumula más de medio siglo de historia y a la que se accede por la calle Barranco, atravesando varias fincas particulares, entre ellas algunas de propiedad del regidor. En 2015, ambas partes formalizaron dos contratos: uno de cesión de uso de las parcelas agrícolas y otro de cesión de paso por las vías públicas, ambos con un precio de 300 euros mensuales.
Sin embargo, tres años más tarde la empresa puso en duda que los pagos fueran procedentes y dejó de abonarlos durante dos meses. En ese momento, el Consistorio y Mariscal, como particular, ateniéndose a las cláusulas de los acuerdos firmados, los dieron por rescindidos.
Es a raíz de esta discrepancia cuando el Ayuntamiento impulsa una serie de restricciones al paso por las vías públicas y cuando el regidor, en sus terrenos, coloca aperos agrícolas, vehículos y montones de arena. Ante esto, la empresa presentó un escrito al Justicia de Aragón, que aboga por que el Consistorio explique "la naturaleza del contrato de 2015, y si correspondiera dar audiencia a la empresa", a que mantenga "los caminos públicos libres de impedimento" y a que conteste expresamente a la empresa.
"Vamos a esperar a ver qué responde el alcalde. Según la contestación iremos a la vía judicial y a la expropiación forzosa, aunque preferimos una forma amistosa", explica la empresa. En el escrito, Silmor apunta que las actuales circunstancias perjudican "no sólo el normal desarrollo de la concesión minera en el enclave inicial, sino la ejecución de la inversión prevista". Calculan que los perjuicios ascienden ya a 270.000 euros y que la "única alternativa viable" sería invertir 150.000 euros en adecuar un camino que incrementa las distancias.
La respuesta al Justicia
Por su parte, Mariscal avanza que desestimarán "todas las sugerencias, porque el Justicia se ha extralimitado de sus funciones". "Por un lado está lo que se refiere al Ayuntamiento y esa limitación se aprobó dentro de una ordenanza que, como muchas más se aprobó en pleno, estuvo en exposición pública y nadie alegó", recuerda. De hecho, el propio defensor asume que no tiene "nada que oponer" y recuerda que el Supremo considera "lícita la diferencia de trato (entre vehículos) siempre y cuando la medida sea congruente y proporcional con su motivo y finalidad".
A este respecto, el edil sostiene que "los contratos los redactaron ellos mismos y se puso ese precio para compensar los desperfectos que ocasiona el uso". "Al darse por rescindido el contrato, no tienen derecho a pasar, porque en mis fincas hago lo que me da la gana", explica Mariscal respecto a la colocación de aperos. "Después de tres meses sin pagar, les llamé y les advertí que o lo pagaban o se haría una ordenanza", recuerda. Por ello, indica que "lo que tienen que hacer es ir al Contencioso y a la expropiación".
