Zaragoza
El traslado de la Jefatura de Policía y de Mayandía al Portillo se atasca tras un año de negociación
El Ayuntamiento espera a que el Ministerio de Interior conteste a la última propuesta de convenio. Gana enteros la opción de que las dos dependencias se ubiquen en el cuartel y no haya plan de viviendas.
Estaba llamada a ser una operación urbanística de calado, al permitir que la Policía Nacional lograra unas dependencias de última generación en Zaragoza y el Ayuntamiento revitalizara uno de los espacios urbanos más relevantes con viviendas, equipamientos y espacios libres. Pero más de un año después de que comenzaran los primeros contactos y tras un buen número de reuniones, el traslado de la Jefatura Superior de Policía y del cuartel de Mayandía al entorno del Portillo está en punto muerto. La última propuesta del Consistorio sigue sin contestación del Ministerio del Interior, que según diversas fuentes sopesa que todas las dependencias policiales se reubiquen en Mayandía, que sería rehabilitado.
Los primeros contactos se produjeron a mediados de 2020. La Dirección General de la Policía quería impulsar unas nuevas instalaciones en la ciudad, dado que las actuales, situadas en el paseo de María Agustín y en la calle General Mayandía, estaban obsoletas. El ejemplo era el cuartel de la Guardia Civil en Valdespartera, pendiente de que se inicien las obras. Se estudiaron varios suelos, pero rápidamente se optó por el Portillo: allí hay dos parcelas propiedad del Ayuntamiento, de 4.293 y 5.372 metros cuadrados cada una, donde se podrían ubicar los dos nuevos edificios.
Permuta con tres solares
El Ayuntamiento defendió que, más allá de la reubicación de unas dependencias policiales, la operación incorporara un proyecto de transformación urbana en esa zona, con nuevos espacios libres y viviendas. La ciudad cedería a la Policía Nacional las dos parcelas del Portillo a cambio de los edificios de Mayandía y la Jefatura Superior. El primero de ellos, con una edificabilidad de 22.000 metros cuadrados, se recalificaría para incorporar viviendas u otros aprovechamientos urbanísticos, que generarían las plusvalías para financiar la construcción de pisos protegidos y de alquiler asequible y acometer las obras necesarias para la operación. El viejo inmueble del paseo de María Agustín, de 5.633 metros cuadrados de los que la mayoría están fuera de ordenación, sería derribado para construir una plaza y una zona verde justo en la entrada del Edificio Pignatelli, sede de la DGA.
Tanto la modificación del Plan General necesaria para construir en el Portillo las nuevas dependencias policiales , como la de Mayandía, para incorporar las viviendas libres y públicas, sería tramitada por el Ayuntamiento e incluidas en el convenio. El Ayuntamiento aceptaría desarrollar en primer lugar las dependencias de la Policía en el Portillo y desarrollar los proyectos en Mayandía y el paseo de María Agustín cuando se hubiera completado el traslado.
El Ayuntamiento trató de incorporar al Gobierno de Aragón al acuerdo, dado que se podría ver beneficiado por una notable mejora urbana justo en el acceso a sus dependencias. Pero, de momento, la DGA explicó que "este es un proyecto de la Policía, que está en el plan de infraestructuras del Gobierno de España" y prefirió no hacer valoraciones.
Compleja negociación
No obstante, ha habido complicaciones que han impedido por ahora un acuerdo. En primer lugar las jurídicas, por las dificultades que estaría planteando la Intervención General del estado para desafectar unos suelos como los de la Policía Nacional. Y en segundo lugar por las económicas, dado que se han producido durante el proceso de negociación diferencias respecto a las valoraciones con las que se debe componer la permuta de suelo.
Según fuentes municipales, con Mayandía y la Jefatura Superior, el Ayuntamiento recibiría suelos por un valor de 17,8 millones de euros, de los que habría que descontar obras necesarias, cargas y aprovechamientos hasta llegar a una cifra de 9 millones de euros. Frente a esta cantidad, el Consistorio cedería suelo por valor de 11 millones en el Portillo. Las desajustes que se pudieran producir con la permuta se podrían acabar de encajar con el suelo residencial.
No obstante, el principal escollo era el edificio del paseo de María Agustín, que para la Policía tiene un valor de unos 4,5 millones de euros, mientras que para el Ayuntamiento supone un coste en la permuta. Según fuentes municipales, derribar la Jefatura implica un desembolso de 2,2 millones, además de los 500.000 euros que aproximadamente costaría adecuar el solar resultante como plaza. Por eso se intentó que la DGA participara en la operación, dado que sería la principal beneficiaria, pero de momento no ha habido una respuesta.
Ante la dudosa participación de la DGA, el Ayuntamiento planteó incluso sacar de la ecuación el proyecto del paseo de María Agustín y dejar en el convenio solo Mayandía y el Portillo. Pero por ahora no hay respuesta. "Es un buen proyecto para la ciudad, su interés público es evidente. Se genera una zona verde, un suelo residencial para viviendas libres, protegidas y de alquiler y un nuevo sistema general", explicaron desde el Ayuntamiento.
Reforma de Mayandía
Fuentes de la Delegación del Gobierno añadieron que la negociación sigue en curso, mientras que desde el Ministerio del Interior se añadió que si no se llega al acuerdo de construirlo en la zona del Portillo, por motivos económicos se podrían decantar por demoler el edificio de Mayandía y reubicar allí las dependencias, dado que esta solución fue una de las primeras que se valoró. Hay que tener en cuenta que la Dirección General de la Policía quiere un acuerdo rápido, ya que ahora dispone de partida para acometer las obras. En caso de que no hubiera pacto, no habría plan residencial y el viejo edificio de la Jefatura Superior quedaría sin uso. Y los solares del Portillo continuarían a la espera de unos equipamientos con los que dar vida a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
