tribunales en zaragoza
La compra no autorizada de un móvil en Miedes obliga a celebrar un juicio con jurado
El teléfono que adquirió una auxiliar costó 435 euros, pero solo las dietas de los jurados superan con creces ya este importe.
Los delitos competencia del Tribunal del Jurado han creado controversia desde el mismo día de 1995 que se promulgó la ley que reimplantaba esta figura en el proceso penal español. Uno de ellos es la malversación de caudales públicos. El legislador quiso que la ciudadanía fueran quien enjuiciara los actos de corrupción tanto de los políticos como de funcionarios públicos, decisión que fue muy bien acogida por un sector de la población que entiende que nada como un ciudadano para juzgar a sus iguales encargados de los asuntos públicos. Pero los detractores argumentan que las malversaciones, el cohecho, los fraudes y exacciones ilegales, el tráfico de influencias o las negociaciones prohibidas a funcionarios son delitos muy técnicos y complejos. Añaden a sus recelos que el jurado resulta farragoso, lento y caro.
Se puede estar de acuerdo en todo o en parte, pero lo cierto es que solo las dietas que la Dirección General de Justicia tendrá que pagar a los 24 candidatos que ayer fueron llamados para componer el jurado que debía juzgar a una ex auxiliar administrativa interina del Ayuntamiento de Miedes superan con creces el valor de la malversación que se le atribuye. En concreto, se le acusa de comprar un teléfono móvil para uso privado a cuenta del Consistorio, por el que pagó 435 euros, y un disco duro por 85. Mientras, el gasto en dietas ya asciende a 804 euros y es provisional, puesto que el juicio se suspendió sin que se llegara a seleccionar a los nueve jurados y dos suplentes que se encargarán de juzgar a la administrativa. Cuando el tribunal vuelva a convocarlos, 13 cobrarán media dieta (33,50€) (los que no sean elegidos) y 11 recibirán la completa (67 euros) durante cada uno de los días que dure el juicio, que en este caso está programado para tres jornadas. Es decir, 2.211 euros que se sumarán a los 804 de ayer, más los gastos en comida si procediera mientras deliberen sobre el objeto del veredicto.
Llamadas a Rumanía
La funcionaria que debería haber sido juzgada, y que por motivos de enfermedad de un letrado no llegó a sentarse en el banquillo, está acusada por la Fiscalía y por el Ayuntamiento de Miedes de comprar un teléfono móvil cuyo importe cargó al consistorio y que luego usó su novio para hacer llamadas a Rumanía. También le reclaman 85,32 por un disco duro que adquirió y, al parecer, la encausada ha devuelto parte del dinero de las facturas de teléfono, según informaron fuentes jurídicas.
La Fiscalía solicita para la ex auxiliar administrativa una condena de tres años de cárcel y siete de inhabilitación para empleo o cargo público y para ser ejercicio el derecho de sufragio pasivo, así como el pago de 520,92 euros como responsabilidad civil.
El Ayuntamiento de Miedes suspendió a la funcionaria interina de sus funciones en julio de 2006, cuando descubrió lo que había hecho. También se detectaron irregularidades en los bonos de las piscinas del municipio pero, finalmente, según las mismas fuentes, estos hechos no serán objeto de juicio.
