El intento de ZEC de municipalizar el 010 le cuesta otra condena al Ayuntamiento
El TSJA confirma la sentencia de 2018 que tumbó la internalización del servicio de atención telefónica de la ciudadl El Consistorio tendrá que abonar 20.000 euros por las costas.
El intento de municipalización del servicio de atención telefónica 010, uno de los asuntos más controvertidos de la etapa de gobierno municipal de ZEC, parece lejano. Pero aún colea en las salas de justicia y le supone gastos al Ayuntamiento de Zaragoza. Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) confirmó la sentencia que en el año 2018 tumbó el expediente de internalización y condenó en costas al Consistorio de la capital aragonesa, que según las primeras estimaciones tendrá que pagar unos 20.000 euros por este proceso.
La polémica se remonta a febrero de 2017. Tras una etapa conflictiva con la empresa que prestaba el servicio, Pyrenalia, que no pagaba a los trabajadores, el gobierno del anterior alcalde, Pedro Santisteve, acordó que el Consistorio se encargara directamente del 010. Se amparó en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que el cambio de la concesionaria no extingue por sí misma la relación laboral. La subrogación de las 14 empleadas se hizo, eso sí, sin una modificación previa de la plantilla, como exigían los informes jurídicos.
El alcalde, Pedro Santisteve, soslayó los reparos del interventor y resolvió vía decreto la discrepancia sin contar con un informe del órgano gestor que rechazara de forma argumentada la tesis del máximo responsable de la fiscalización económica municipal. Por tanto, dio el reparo por aceptado, sin formular una nueva propuesta que subsanara las irregularidades.
Recurso a la municipalización
El asunto se judicializó, dado que la Abogacía del Estado, la CEOE y el sindicato STAZ recurrieron la decisión y en noviembre de 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza declaró nulo de pleno derecho el expediente de subrogación y condenó en costas al Ayuntamiento, en aquel caso con un límite de 3.000 euros.
La jueza consideró que se cubrían plazas "fuera de la oferta de empleo público y, lo que es esencial, al margen de la plantilla aprobada por el pleno, vulnerándose una competencia del mismo". Ante esta sentencia, el concejal de Servicios Públicos de la época, Alberto Cubero, que sigue siendo edil en el Ayuntamiento, fue muy duro con la magistrada. "Lo que diga la jueza me importa un carajo", llegó a decir el entonces miembro del gobierno, en una de sus declaraciones más polémicas contra la administración de justicia.
Tras esta sentencia, el gobierno municipal de ZEC recurrió. En la desestimación del recurso, el TSJA asume expresamente los argumentos de la juez de instancia. La sentencia concluye que "lo pretendido por el Ayuntamiento representa un claro fraude de ley" y que lo que pretendía el gobierno de ZEC implicaba "un acceso ex novo al empleo público irregular, sin cumplimentar al efecto las exigencias que impone la normativa sobre empleo público", es decir, que no se respetaban las condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
Indefinidas no fijas
El TSJA diferencia este proceso del que se siguió en la Jurisdicción de lo Social, que consideró que las 6 de las 14 trabajadoras eran "indefinidas no fijas" del Ayuntamiento, pero no aceptó su integración en la plantilla municipal al tratarse de una contratación irregular. El juez indicó que el Ayuntamiento de Zaragoza "consintió que las trabajadoras continuaran desempeñando las mismas funciones bajo su paraguas, llegando a abonar incluso los salarios". Por ese motivo, reconoció la relación como personal laboral. El Consistorio, ya con PP-Cs en el gobierno municipal, decidió no recurrir el fallo y hacerlo extensivo a las 14 empleadas.
Sus plazas están pendientes de salir a oposición. El coste del servicio, pese a que ZEC siempre sostuvo cuando estaba en el gobierno municipal que se iba a abaratar si se prestaba desde la administración pública, se ha encarecido más de un 50% por la asimilación de las empleadas al convenio del Ayuntamiento.
