Campo de Cariñena
Archivada la denuncia de Ansón contra la empleada comarcal a la que acusó de falsedad
La trabajadora se querella ahora por acoso laboral contra el presidente, el secretario y la tesorera de la comarca.
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el recurso presentado por el presidente de la Comarca del Campo de Cariñena, José Luis Ansón, contra el sobreseimiento y archivo de la denuncia que el representante de la demarcación interpuso contra una trabajadora de la institución por un delito de usurpación y falsedad documental y que fue acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Daroca en marzo. Ahora, la sección sexta, bajo la presidencia de Carlos Lasala, recuerda que la juez "llevó a efecto todas las diligencias (…) valorando que no quedaba debidamente justificada" la comisión de ilícito alguno.
Es más, en el auto los magistrados apuntan que no se aprecian "indicios suficientes de que la utilización de las claves de firma del presidente de la Comarca fuera sin la autorización de este" y remarcan que "solo él las pudo facilitar a la investigada", defendida por el abogado Luis Nivela. En la denuncia de Ansón, subrayan, él alegaba que "ignoraba que debía autorizar las operaciones en la página web de la entidad bancaria" y que "no había autorizado a la denunciada a que firmase en su nombre". Sin embargo, insisten en que "hay indicios de que facilitó las claves de firmas a la investigada y la autorizó expresa o tácitamente para que las usara en su nombre".
A su vez, la Audiencia recuerda que la fase de investigación sirve tanto para preparar el juicio oral como para hacer de filtro y "evitar la apertura de juicios innecesarios". La causa archivada es una de las ocho denuncias que Ansón interpuso contra trabajadores y representantes políticos de la comarca, entre las que también consta una absolución contra el diputado provincial del PSOE Óscar Lorente.
Con el nuevo archivo ya en la mano, la defensa de la empleada comarcal ha decidido actuar contra los actuales gestores de la institución -el presidente, Ansón; el secretario, Néstor Pétriz, y la interventora, Mónica Izal-, a los que ha interpuesto una querella criminal por un presunto delito de acoso laboral y coacciones.
Según el escrito de la acusación particular, la trabajadora pide para Ansón e Izal seis años de prisión y cuatro de inhabilitación para cargo público y cuatro de cárcel e inhabilitación de empleo, respectivamente, por los delitos de acoso laboral y contra la integridad moral. En el caso de Pétriz, la petición es de nueve años de prisión y cuatro de inhabilitación al añadirse el delito de coacciones. A todo ello les pide asumir las costas, los gastos de la acusación particular y una indemnización de 50.000 euros.
En el documento la trabajadora denuncia un supuesto hostigamiento continuo por parte de los tres gestores desde que en 2019 diera constancia de "posibles irregularidades" en el kilometraje y las dietas del presidente. En julio, Ansón quedó reprobado por la mayoría del pleno y el mismo órgano dio cuenta de su expulsión como miembro del PSOE, uno de los pasos previos para presentar una moción de censura, iniciativa que se encuentra bloqueada en lo administrativo por el propio secretario de la institución cuya maniobra a su vez fue recurrida por los socialistas en el juzgado.
