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Buscan a un abogado de Zaragoza condenado por falsificar sentencias
El letrado alegó este jueves estar sitiado por la riada del Ebro en su domicilio de Pastriz para no acudir a otro juicio en el que está acusado de falsedad en la Audiencia
El presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, José Ruiz, ordenó este miércoles a la Guardia Civil que se acercara al domicilio del abogado Miguel Ángel Caamaño y comprobara si era cierto que, como había comunicado poco antes, no podía acudir al juicio que se tenía que celebrar contra él porque la riada del Ebro le impedía salir de su casa de Pastriz. En caso de no ser cierta la excusa, el magistrado disponía que fuera detenido y puesto a disposición del tribunal.
Miguel Ángel Caamaño iba a ser juzgado por esta misma causa hace unos días, pero entonces alegó que estaba hospitalizado y envió un certificado médico. El tribunal fijó una nueva vista para ayer, que tuvo que ser suspendida. El letrado se enfrenta a tres años de cárcel por estafar presuntamente a un matrimonio 6.588 euros en dos pleitos en los que simuló las gestiones que hacía ante el juzgado y falsificó documentos para acreditar su trabajo.
"Nos presentaba fotocopias en color con sellos", explicaba este miércoles la pareja denunciante en los pasillos de la Audiencia. El matrimonio contrató al letrado para que le llevara una causa penal y la ejecución de un desahucio. En el primer caso, ante la sospecha de que les estaba pidiendo dinero continuamente a través de correos electrónicos en los que adjuntaba las supuestas resoluciones judiciales, acudieron al juzgado para contrastar si eran auténticas. Al hablar con el funcionario que tramitaba el asunto les manifestó que esos escritos nunca habían sido dictados por el juzgado.
Igualmente, los afectados se pusieron en contacto con un perito para confirmar que había recibido los fondos que habían anticipado a Caamaño para hacer su trabajo (2.178 euros). El tasador, muy sorprendido, respondió que él no había pedido ninguna provisión de fondos como perito judicial, ya que ni siquiera había sido designado como tal por el juzgado. Tras conocer esto, el perito puso una queja ante el Colegio de Abogados de Zaragoza, que sancionó al letrado con dos meses de suspensión.
El proceder del acusado con la ejecución de un desahucio de un piso que el matrimonio quería recuperar por impago fue similar. Según la acusación particular, ejercida por el abogado Alberto Perulán, su forma de proceder fue la misma: elaborar o confeccionar documentos haciéndolos pasar por oficiales con la intención de aparentar la realidad de los requerimientos de pago.
Así, como mantiene también la Fiscalía, con ánimo de lucro el acusado se apropió de esas cantidades y no ha devuelto ninguna. Por eso, El Ministerio Público solicita una condena de tres años de cárcel y la acusación particular, dos. No obstante, ambos mostraron este miércoles su intención de elevar su petición a cuatro años.
Condenado por el Supremo a 4 años de cárcel por falsedad y estafa
Este no es el primer pleito que tiene Caamaño. De hecho, el Tribunal Supremo lo acaba de condenar en una sentencia dictada el 12 de noviembre a cuatro años de prisión y multa de 2.700 euros por falsificar trece documentos –entre providencias, oficios o incluso un informe de la Fiscalía–, para estafar 17.690 euros a una clienta.
La mujer lo contrató en 2014 para que hiciera una reclamación por una operación de una hernia discal a la que había sido sometida y con cuyo resultado no estaba conforme. La clienta le fue entregando cantidades convencida de que eran para impulsar el litigio, pero todo resultó ser mentira. La Audiencia lo condenó a dos años por estafa, pena que el TSJA elevó a cinco y el Supremo ha dejado en cuatro por estafa agravada, en concurso con un delito continuado de falsedad.
Según la sentencia, de acuerdo con el encargo recibido, en nombre de la mujer el acusado procedió a reclamar por las vías penal, administrativa y social durante los años 2015 y 2016 hasta que, en un momento dado, y "con claro ánimo de lucro y enriquecimiento propio" elaboró diversas resoluciones de carácter administrativo y judicial que no respondían al dictado de los tribunales con la finalidad de que la clienta le le abonara diversas sumas de dinero. También le pidió 3.190 euros por un informe médico que ni siquiera encargó. En total, consiguió 17.690 euros.
