Ignacio Magaña: "Por mi salud y las presiones, lo más fácil sería renunciar al acta de concejal"

El concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Ignacio Magaña, expulsado del PSOE    a raíz de su detención por un presunto caso de violencia de género el pasado 13 de noviembre, confirmó este sábado que no tiene ninguna intención de renunciar a su acta como miembro de la corporación. «Por mi salud y las presiones, lo más fácil sería hacerlo. Pero estoy convencido de mi inocencia y la voy a demostrar. Por ello, como establece el reglamento municipal, no dimitiré mientras no haya una condena firme. ¿Por qué tendría yo que irme cuando otros compañeros investigados no lo han hecho?», anunciaba desde la cama donde se recupera de la operación a la que se sometió el pasado 22 de noviembre en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para colocarle un desfibrilador en el corazón.

Su ingreso en este centro sanitario, a causa de un síncope, el mismo día de su arresto, le impidió declarar como investigado ante el juez de guardia. El edil recibió el alta hospitalaria diez días después, pero sigue de baja con la obligación de guardar reposo. Acumula tal cantidad de informes facultativos, citas y prescripciones que las ha colgado todas en un corcho en la pared.

Como pesa sobre él una orden de alejamiento que le impide contactar con su mujer, Magaña ha tenido que instalarse en casa de su madre, domicilio donde la Policía Nacional le ha llevado en mano las notificaciones del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2.

Críticas a la Fiscalía

«He recibido muchas llamadas de militantes de base y de vecinos, pero ninguna de mis excompañeros del PSOE.Claro que me he sentido abandonado. Y creo que se han adoptado decisiones orgánicas bastante precipitadas. Se me ha juzgado y condenado por anticipado sin darme la mínima posibilidad de defender mi inocencia», se queja. «Soy consciente de que mi situación como concejal adscrito pueda molestar a algunos –añade–, pero eso no justifica la persecución pública que sufro. Los excompañeros me están presionando a través de los medios y hasta la Fiscalía parece querer hacer creer que me he fugado o me he inventado una operación», dice el edil, mientras exhibe todo el expediente médico que su abogado llevó al juzgado.

«Parece que cuando el juez ha hecho un requerimiento al Salud para informar sobre mi hospitalización le ha contestado que solo estuve unas horas. ¿Cómo se explica que un organismo público oculte información? Porque todos estos papeles y la cicatriz que llevo en el pecho prueban que he sido operado. Negar esta realidad a un juez constituye un delito de obstrucción a la justicia. Lo único que espero es que la DGA y el gerente del Salud depuren responsabilidades. A ver qué hace entonces la Fiscalía, que dice no saber nada de mí mientras se niega a recibir a mi abogado», indica.

Su nueva condición de concejal adscrito se ha traducido en una notable merma de ingresos, ya que solo cobrará por asistencia. «Voy a recibir 33.000 euros brutos al año y tendré que pagarme de mi bolsillo la Seguridad Social. Desde luego, por dinero no me quedo. Lo hago porque me debo a la gente a la que me votó», concluye.

Declara el día 13 ante el juez

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza ha citado al concejal  Ignacio Magaña para que comparezca el próximo 13 de diciembre en la Ciudad de la Justicia y declare en calidad de investigado como presunto autor de un delito de violencia de género. El edil tiene baja médica, de momento, hasta el día 14, pero ha anunciado que acudirá a la cita.

«Desde luego, si no surge ningún problema médico, allí estaremos», señala el abogado Carlos Fuertes, encargado de la defensa del concejal. «Tanto yo como la procuradora hemos estado en contacto permanente con el juzgado, facilitando cuanto se nos ha pedido. El pasado 1 de diciembre estuve también en Fiscalía para entrevistarme con la representante del Ministerio Público que lleva el asunto, pero un funcionario me dijo que no podía recibirme y que se consideraba suficientemente ilustrada sobre el caso», explica el letrado.

La defensa confía en demostrar la inocencia de su cliente, al que su esposa acusó de haberle amenazado hace un año con un cuchillo, así como de haberle empujado y causado lesiones leves. La pareja se estaba separando y la mujer acudió el 13 de noviembre al domicilio para llevarse sus cosas .Como consta en el atestado, el propio concejal llamó a la Policía para garantizar que todo se hacía de forma pacífica. La denunciante aprovechó para hablar de los supuestos malos tratos a los agentes, que detuvieron al edil.