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Política

La DGA aportará 80 millones en 4 años al convenio de financiación de Zaragoza

Azcón y Lambán firman el pacto este lunes en un consejo bilateral precedido de varias semanas de tensión. El Consistorio retirará los recursos que había interpuesto contra el Ejecutivo por el retraso de los fondos.

Javier Lambán y Jorge Azcón, tras la celebración del consejo bilateral de marzo.
Javier Lambán y Jorge Azcón, tras la celebración del consejo bilateral de marzo de 2020.
José Miguel Marco

Tras varias semanas de alto voltaje entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, las dos instituciones se darán este lunes un respiro. El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde, Jorge Azcón, firmarán el convenio de financiación de la capital, que permitirá a la ciudad acceder a 80 millones de euros en cuatro años, a razón de 20 millones por ejercicio.

El acuerdo, que abarca el periodo 2021-2024, se rubricará en el consejo bilateral de capitalidad, que se celebra en la Casa Consistorial. Estos 20 millones anuales sustituirán los convenios que suscribe la DGA con la ciudad para financiar diversos servicios, como por ejemplo los de tipo social. Esta cifra fija se sumará al fondo de capitalidad, que ronda los 8 millones y que ya recibe la capital desde 2018. Por tanto, el global de fondos autonómicos para Zaragoza será de 112 millones mientras esté vigente el convenio. Por su parte, el Consistorio retirará los tres pleitos que había interpuesto a principios de año ante el retraso que arrastraba la financiación prevista por la ley de capitalidad.

Además de renunciar a esos procesos judiciales, los acuerdos de la reunión bilateral, que se reúne por segunda vez desde su constitución en marzo de 2020, harán referencia a dos asuntos urbanísticos de interés para la DGA, porque le reportarán ingresos por la promoción de viviendas (el plan de la calle de Embarcadero y el de Torre Ramona). Estos proyectos, que el Ayuntamiento tuvo que aprobar de forma urgente en octubre para desatascar el acuerdo económico, están encauzados en sus tramitaciones en Urbanismo, que concluirán entre febrero y marzo de 2022. El Ayuntamiento ya aprobó en octubre la modificación del Plan General para el antiguo tutelar de Menores solicitada por el Ejecutivo autonómico.

Fase de hostilidades

Pese a los pactos, esta reunión llega en un clima de fuerte tensión. Es más, la última semana se han disparado los conflictos entre las dos instituciones. La confirmación de la elección de Azcón como presidente del PP-Aragón ha sido un acelerante de las hostilidades.

Al margen de las cuestiones financieras y urbanísticas que se van a acordar, la bilateral pondrá a prueba la capacidad de este órgano de coordinación de reducir la confrontación. También será un test para medir la habilidad de las dos administraciones para "encapsular" los desacuerdos, que no forman parte del orden del día, pero que son numerosos.

La pasada semana ha estado marcadas por el enfrentamiento. La intención de la DGA de construir viviendas de alquiler para jóvenes en los pabellones de la Expo levantó en armas al gobierno PP-Cs que, además de considerarlo una invasión competencial, tachó la operación de "ilegal". No es descartable que los dos líderes políticos aborden este asunto, dado que Lambán se mostró dispuesto y Azcón ha ofrecido la opción de crear un grupo de trabajo.

Pero no ha sido el único motivo de discrepancia en los últimos días. El conflicto por las ayudas a la hostelería que mantienen las dos administraciones desde hace meses ha ido a más, por no alcanzar la aportación municipal anunciada (3,4 millones) las solicitudes de ayudas de los empresarios (4,2). Además, la exclusión de Zaragoza de unas subvenciones autonómicas para la construcción de carriles bici enfureció a PP-Cs, que también acusó al Ejecutivo de estar planificando la candidatura a los Juegos Olímpicos de invierno sin contar con la ciudad.

Cuestiones pendientes

A los desencuentros, que amenazan con ir a más conforme se acerquen las elecciones, se suman cuestiones que vienen ya de lejos. Uno es el pago de los 25 millones de deuda de la DGA al Ayuntamiento por el tranvía, reconocidos por el TSJA pero pendientes de que el Supremo resuelva el recurso formulado por la administración autonómica.

Tampoco ha sido posible un acuerdo extrajudicial con los usos de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. Después de varias suspensiones de la tramitación judicial para lograr un acuerdo, serán los jueces los que decidan si esos suelos deben retornar al Ayuntamiento o deben seguir en manos de la DGA.

La situación de los juzgados es unas cuestiones que, 20 meses después de la primera bilateral, no se ha resuelto. Tampoco la recepción de la urbanización de Plaza y PTR, defendida por la DGA y rechazada por el Ayuntamiento por sus elevados costes y las deficiencias que arrastra. Nada se sabe del sellado del vertedero, cuya segunda fase debería acometer el Gobierno de Aragón. La DGA sí ha cedido unos suelos en el Camino de Juslibol, en el Picarral, para la construcción de 30 viviendas públicas.

¿Y la Romareda? El eterno proyecto municipal no figura en el orden del día de la bilateral, pero las dos administraciones han coincidido en que el estadio no puede esperar más. Y más con las candidaturas al Mundial y los Juegos en ciernes. De momento, aunque se promete negociar sobre "un folio en blanco". Los puntos de partida, no obstante, parecen alejados, dado que Lambán es más proclive a trasladar el estadio mientras que Azcón prefiere dejarlo donde está. Habrá que ver si finalmente el campo es ejemplo de pacto o un motivo más para la guerra política.

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