Al margen de los problemas jurídicos, competenciales o políticos que pudieran suscitarse por el plan de la DGA de construir pisos de alquiler en la Expo, los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza han hecho un primer análisis de la capacidad residencial existente en los edificios Ebro, conocidos popularmente como ‘cacahuetes’. Y la conclusión que sacan es que hay numerosos inconvenientes de carácter urbanístico que complican la operación.

Los técnicos hacen un ejercicio teórico de cuántas viviendas se podrían colocar allí. Con una superficie edificable aproximada de 164.200 metros cuadrados, fuentes de Urbanismo sostienen que con viviendas de 37 metros podrían materializarse 152 pisos de alquiler por planta. Serían 111 si fueran de 50 metros cuadrados y 54 en el caso de alcanzar los 100 metros cuadrados. Por eso, para alcanzar la cifra de 500 que anunció el presidente de Aragón, Javier Lambán, harían falta cinco plantas, suponiendo que la baja no puede tener usos residenciales al ser inundable.

Por otro lado, sostienen los técnicos de Urbanismo, los usos residenciales obligan a "satisfacer" unas reservas proporcionales al número máximo de viviendas para otros usos. Por ejemplo, el 10% del sector o 18 metros cuadrados por vivienda deben dedicarse a zonas verdes. En el caso de las dotaciones deportivas, sociales o educativas, son 15 metros cuadrados por vivienda. Además debería haber una plaza de estacionamiento por vivienda, la cuarta parte para uso público.

Excluido el uso de vivienda

En los informes, los técnicos detallan la calificación que tienen actualmente esos suelos. Indican que tienen un uso dominante de terciario lucrativo y que "queda excluido expresamente el de vivienda". Por tanto, dicen que sería necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aunque sostienen que una residencia comunitaria o un uso hotelero sería compatible. Los técnicos citan en cualquier caso las vías del Plan de Interés General de Aragón y la vía del artículo 240 de la ley urbanística para evitar una modificación de plan. En ese caso, creen que la DGA debería justificar que la actuación trasciende el ámbito municipal de Zaragoza.