El Ayuntamiento de Zaragoza recurre este miércoles la decisión del Tacpa de paralizar la licitación de la limpieza
Chueca tacha la medida de una vocal de este organismo de "barbaridad jurídica sin precedentes". El Consistorio sostiene que el acuerdo es "nulo" por notificarse fuera de plazo y no estar motivado.
El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha este miércoles su maquinaria judicial para revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) de paralizar cautelarmente el proceso de licitación del contrato de limpieza pública y recogida de basuras, que tiene un presupuesto de 743 millones de euros para los próximos diez años. Lo hará en una reunión extraordinaria del gobierno municipal PP-Cs, que confirmará la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) con objetivo de que este revés administrativo no postergue aún más la renovación un contrato, que está caducado hace ya más de un año.
La decisión del Tacpa ha causado indignación en el Ayuntamiento, dado que no está motivada por problemas en el contrato, sino por la situación en que se encuentra el propio órgano administrativo. La causa es la falta de cuórum: la presidenta se ha tenido que inhibir por estar casada por uno de los autores de los pliegos y otra de las plazas del tribunal está vacante (la DGA no aclaró ayer cuánto tardará en cubrirla). Solo queda una vocal, por lo que no hay un número de miembros suficiente para que se constituya el tribunal y se resuelva el recurso especial, que fue impulsado por el PSOE. Además, una empresa del País Vasco impugnó también los pliegos por rechazar que el reciclaje de aceite usado se reserve para una empresa de inserción social.
El Ayuntamiento de Zaragoza presenta un recurso contencioso administrativo en el que además de la nulidad del acuerdo se solicitan medidas cautelares para levantar la suspensión de la licitación "ante el grave perjuicio al interés general". El motivo fundamental del pleito es que la decisión de la vocal del Tacpa se produce sin que el tribunal esté constituido. De hecho, la notificación llega al Ayuntamiento sin que haya secretario. Fuentes municipales recuerdan que uno de los argumentos de la suspensión es precisamente que el tribunal no se puede constituir por falta de cuórum.
Pero para los servicios jurídicos del Ayuntamiento la resolución no incluye una motivación, que recoja los preceptos que pudieran haber sido vulnerados por los pliegos. También se recuerda que la medida cautelar de suspender la licitación se produce fuera de plazo: llega dos meses después de la presentación del recurso y no en el plazo de 5 días exigido por la normativa.
"Seguiremos adelante"
La suspensión cautelar del proceso de renovación de la contrata de la basura centró este martes la comisión de Servicios Públicos, en la que los grupos pidieron explicaciones al gobierno municipal PP-Cs. "Es una barbaridad jurídica sin precedentes", explicó la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, que detalló la motivación del recurso que va a interponer el Ayuntamiento. "No tiene capacidad para actuar", afirmó la responsable municipal en referencia a la falta de cuórum del tribunal. De hecho, la concejal dijo que va a seguir adelante con la licitación.
Pero más allá del recurso, la edil cargó contra el PSOE por promover un recurso que ha puesto en jaque el principal servicio municipal por número de trabajadores y presupuesto. Chueca recordó además que la impugnación por parte de los socialistas se basa en que solo se ha previsto un solo lote para el contrato, decisión que defendieron tanto los grupos municipales como la plantilla. "No hay ninguna duda sobre el contrato, sino solo un recurso del PSOE para que la ciudad no esté más limpia", declaró.
El PSOE, que no había presentado ninguna iniciativa sobre este asunto, insistió en que su grupo no es el único que ha recurrido. "¿Les interesa echarle la culpa al PSOE?", le preguntó el edil socialista Alfonso Gómez. Alberto Cubero, de ZEC, se mostró convencido de que al final el Tacpa modificará los pliegos y recordó que la no división en lotes "no está bien justificada". "Algo mal habrá hecho", dijo. Amparo Bella, de Podemos, fue clara: "Más de 700 millones de euros están en juego. La responsabilidad es suya".
