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Pinilla busca un tercer juicio del caso La Muela y pide al Supremo que anule las escuchas
Los abogados defensores argumentan durante una vista ante el tribunal que los ‘pinchazos’ telefónicos a los acusados no fueron legales.
Las escuchas telefónicas son la última baza que los abogados de los condenados en el caso de La Muela jugaron este martes ante el Tribunal Supremo (TS). Los cinco magistrados que escucharon sus argumentos decidirán si los ‘pinchazos’ telefónicos que durante meses hizo la Policía a los principales sospechosos –en el banquillo se llegaron a sentar 49 acusados, entre ellos la familia de la exalcaldesa María Victoria Pinilla–, son válidos o no. Analizarán si se entregaron todas las grabaciones al juez, si los informes que presentaban mensualmente al instructor fueron correctos y si este motivó adecuadamente los autos en los que prorrogaba la autorización de las escuchas.
Santiago Palazón, abogado defensor de la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, así lo pidió ayer durante la exposición de su recurso, al igual que hicieron el resto de defensores. «Como decíamos ayer, decimos hoy y anhelamos no tener que decir mañana», comenzó su intervención el letrado, que ya logró que el TS ordenara repetir el primer juicio por indefensión de su cliente.
Si sus tesis fueran acogidas por el Alto Tribunal, la consecuencia lógica sería la nulidad de las escuchas, la investigación que de ellas se derivó y la repetición del juicio. Pero si el Supremo confirma que todo se hizo de forma correcta –como ya avaló la Audiencia Provincial de Zaragoza en la contestación a anteriores recursos– supondría que la sentencia que condena a María Victoria Pinilla a 16 años, un mes y un día de prisión, multa de 8,4 millones y 56 años de inhabilitación sería firme.
La exalcaldesa fue condenada por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales y fraudes a la Administración, a la Hacienda Pública y de subvenciones. La pena que cumpliría Pinilla, no obstante, no sería esa, sino el triple de la mayor, que en su caso serían los tres años que le impusieron por cohecho pasivo. Es decir, por haber recibido dinero y regalos a cambio de favores hechos al empresario Julián de Miguel (ya fallecido) como alcaldesa.
La expolítica no fue la única en recurrir la segunda sentencia. Salvo los dos acusados absueltos (el exempleado de Cajalón Alberto Lozano y el empresario Patxi Aramburu), sus otros compañeros de banquillo impugnaron el fallo. Se trata de Antonio Fando García (empresario, condenado a 6 años y 7 meses); Ignacio Unsain Azpiroz (empresario, 2 años y 1 día); David de Miguel (Aranade, 6 meses); Julio de Miguel (Aranade, 6 meses); y Fernando Barba Marcén (exconcejal, 8 años de inhabilitación).
