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El Supremo admite el recurso de la DGA contra el pago de 33,5 millones por el tranvía

El Ejecutivo autonómico rechaza el fallo del TSJA por el que habría incumplido sus obligaciones de financiación con el Ayuntamiento de la capital.

Huelga del tranvía en Zaragoza.
Un tranvía, a su paso por el paseo de la Independencia.
Oliver Duch

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el fallo judicial que le condenaba a pagar 33,5 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza por la financiación del tranvía. La decisión de los magistrados, conocida este miércoles, prolonga el conflicto entre ambas instituciones (el plazo de resolución es de dos años), que discrepan sobre la aportación que cada una hizo al proyecto.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) emitió una sentencia que sostiene que el Ejecutivo autonómico incumplió sus compromisos de pago de parte de la infraestructura, recogidos en un convenio por el que las dos administraciones acordaron financiar al 50% parte de la obra civil (128,7 millones de euros). 

El fallo tumbó los acuerdos adoptados por el Gobierno de Aragón para liquidar el convenio en el año 2017 y 2018, que cifraron en un primer momento la cuantía a desembolsar 8,7 millones, aunque después la elevaron a 8,9. El Ayuntamiento nunca estuvo de acuerdo y, después de infructuosos intentos de negociación, el 30 de enero de 2018, con ZEC en el gobierno municipal, se interpuso el recurso.

En su sentencia, el TSJA atendió íntegramente la posición municipal, que sostenía que el Ayuntamiento tenía derecho a percibir 58,3 millones de euros en concepto de liquidación del convenio, de los que habría que descontar los 24,7 millones de euros que ya pagó. En total, una diferencia de 33,5 millones de euros.

El Gobierno de Aragón, por contra, sostiene que la aportación autonómica al tranvía era una mera subvención, por lo que solo había que abonar los gastos que justificara el Ayuntamiento. Por eso, defiende que la deuda ya ha quedado saldada con los 8,9 millones con los que se liquidó el convenio de financiación en 2018.

Ahora, será el Supremo el que resuelva el conflicto. Para ello cuenta con un plazo de dos años, aunque la falta de renovación de cargos tras las jubilaciones de magistrados está prolongado en algunos casos el tiempo más allá de lo establecido.

La disputa es uno de los principales focos de tensión entre el Ejecutivo de Javier Lambán (PSOE) y el equipo de gobierno municipal de Jorge Azcón (PP). De hecho, el alcalde de la capital instó en varias ocasiones al presidente de Aragón a no recurrir al Supremo y a sentarse a negociar un acuerdo de pago. “En la actualidad, el 90% de estos recursos son inadmitidos”, llegó a apuntar el regidor. Por su parte, desde la DGA manifestaron que el recurso respondía a una cuestión puramente técnica, basada en la posición de los servicios jurídicos, y trataron de restar importancia a la polémica política. Hoy, fuentes autonómicas se han limitado a celebrar la decisión del Alto Tribunal.

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