Consejo bilateral
Zaragoza reactiva sus pactos con la DGA pero no habrá acuerdo con los antiguos juzgados
La aprobación de urgencia de dos expedientes de Urbanismo facilita el convenio de financiación. PP-Cs levanta la suspensión del pleito del edificio de la plaza del Pilar, que resolverá un juez.
Con el objetivo de "engrasar" su relación con la DGA y acelerar los acuerdos del consejo bilateral con un nuevo convenio de financiación para Zaragoza, el gobierno PP-Cs ha llevado este miércoles de urgencia a la comisión de Urbanismo dos expedientes sobre los que el Ejecutivo autonómico tenía interés, dado que le pueden generar ingresos: la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el edificio del antiguo juzgado de Menores y el plan especial de la calle de Embarcadero. Además, ha zanjado la discusión de las dos administraciones sobre la propiedad de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar mediante la constatación del desacuerdo. Al final, resolverá un juez.
Entre críticas de "chapuza" por la premura, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, convocó una comisión extraordinaria y urgente para aprobar estos expedientes, que pasarán por el pleno el lunes. De hecho, uno de ellos, el de la calle de Embarcadero (allí están previstas 186 viviendas), salió adelante pese a que el proyecto técnico aún no está finalizado.
Serrano explicó que llevaba a comisión "prácticamente la totalidad" de los asuntos vinculados a Urbanismo que el consejo bilateral acordó en marzo de 2020.19 meses después, aún falta el deslinde de la capilla de Torre Ramona, en Las Fuentes, que permitiría a la DGA promover viviendas en la zona. Serrano se comprometió a resolver la cuestión cuanto antes.
"Engrasar" la relación
"Se quiere lanzar un mensaje de cumplimiento del Ayuntamiento con sus obligaciones con el Gobierno de Aragón", explicó Serrano, que indicó que el Ejecutivo tenía "prisa" con algún expediente, sobre todo el de la calle Lagasca, que tendrá uso residencial y se autorizará un mayor aprovechamiento. "Para engrasar esa relación entre ambas instituciones era conveniente no esperar ni un día más", afirmó.
La oposición salió en tromba. El más explícito fue Vox, que inquirió a Serrano por "las contrapartidas" que tenía por parte de la DGA la decisión municipal de acelerar los expedientes, dado que llevaban 19 meses bloqueados. "¿Engrasar para qué?", le preguntó el portavoz de Vox, Julio Calvo. El edil expresó su malestar por no haberse informado al Distrito Universidad, que preside su partido, del expediente de Embarcadero, dado que hay una gran polémica por la supresión de los aparcamientos. Serrano se comprometió a buscar una solución con la DGA.
También fueron muy críticos los representantes de ZEC y Podemos, que junto a la extrema derecha no quisieron apoyar la urgencia de la comisión. "Es una chapuza, un chandrío y un desbarajuste", afirmó el podemista Fernando Rivarés, que aludió a tensiones en la coalición PP-Cs para explicar lo ocurrido. "Es la crónica de un fracaso", añadió Pedro Santisteve, de ZEC.
El edil del PSOE Horacio Royo respaldó al gobierno en las votaciones, dado que su partido es mayoritario en la DGA y porque ha estado meses exigiendo a Serrano que lleve estos expedientes a comisión. Pero le recordó al concejal de Urbanismo que la decisión de convocar la comisión confirma que estaba "en falta" con el Ejecutivo autonómico. "El Ayuntamiento no ha cumplido el convenio con la DGA", dijo.
Serrano no entró al cuerpo a cuerpo e intencionadamente evitó referirse a los incumplimientos por parte de la DGA, como el convenio bilateral de financiación. "Hay varias pelotas en su tejado", se limitó a decir. Subrayó que "el objetivo es favorecer la relación institucional" e insistió en la necesidad de que haya "lealtad".
El edil socialista le replicó que lo que estaba buscando el gobierno era recuperar «la credibilidad» para poder seguir negociando en el consejo bilateral. "Creo que quieren reconstruir la imagen del Ayuntamiento tras 19 meses sin cumplir", dijo Royo, que recordó que la DGA sí ha cedido unos suelos en el Camino de Juslibol, en el Picarral, para la construcción de 30 viviendas públicas.
Vía libre a la financiación
Respecto al asunto de los juzgados de la plaza del Pilar, donde están las dependencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de la DGA, tanto el gobierno PP-Cs como el PSOE no quisieron hacer mucho hincapié, dado que las dos administraciones han sido incapaces de evitar la vía judicial después de meses de suspensión del procedimiento judicial iniciado por el Consistorio para reclamar la reversión del inmueble.
"No hay que tener miedo a que resuelva un juez", dijo Royo. "Hay una solución, que es el Estado de derecho. Estamos a su cumplimiento. Será un juez el que dicte sentencia para desbloquear este asunto y dar seguridad jurídica", afirmó Víctor Serrano. En definitiva, se dejó el conflicto en manos de los tribunales para que no estorbara la consecución de otros acuerdos.
¿Y ahora? De momento no hay fecha para la bilateral, aunque las dos administraciones están trabajando para que sea en noviembre en el Ayuntamiento de la capital. Será el momento de cerrar el convenio de financiación de Zaragoza, previsto en la ley de capitalidad y pendiente desde el año 2017. De ahí la celeridad, para cerrar el acuerdo cuanto antes y que quede recogido tanto en los presupuestos municipales como de la DGA.
