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El Ayutamiento de Calatayud propone una multa de 337.080 euros a la constructora que ejecuta las obras de la Harinera

El Consitorio ha incoado un expediente por los retrasos de año y medio que acumula la reforma de este edificio, cuya ejecución está al 48%.

La antigua Harinera permanece vallada y con las obras paralizadas.
La reforma de la antigua harinera La Merced de Calatayud acumula más de un año y medio de retraso.
Macipe

Las obras para rehabilitar la harinera de la Merced de Calatayud y convertirla en un centro de formación tecnológico, por valor de 1,6 millones de euros, acumulan más de año y medio de retraso, con una ejecución que está al 48%. Ahora, el Ayuntamiento ha incoado un expediente en el que plantea imponer a la UTE adjudicataria una multa de 337.080 euros en concepto de penalidad por la demora en la ejecución de los trabajos.

Así lo dio a conocer este viernes el PSOE después de que el equipo de gobierno PP-Cs le facilitase el expediente sobre el estado de la intervención. La actuación está incluida en los fondos europeos Edusi con una posible subvención del 50%. La constructora, a la que se da plazo de audiencia, trabaja en las alegaciones a la resolución.

En ese documento, además de explicar cómo se haría efectiva la sanción a través de deducciones en el pago total y de retención de la garantía, se propone también conceder "un plazo adicional para la ejecución de las obras de 6 meses y 8 días". Al mismo tiempo se advierte de que no acabar las obras implicaría el incremento de la multa.

El informe puntualiza que se procederá a exigir los daños derivados "de la injustificada demora", incluyendo la posible "pérdida de las ayudas europeas", en las que se incluyen 500.000 euros para equiparla como centro de óptica y fotónica.

Según consta en el expediente, el plazo de ejecución de las obras era de 12 meses a contar desde el 28 de enero de 2019. Sin embargo, las circunstancias producidas casi un año más tarde como el confinamiento por la pandemia, Filomena e impedimentos meteorológicos, la UTE constructora añade -según se cita en su contestación a un requerimiento de la Alcaldía de abril de este año- discrepancias sobre distintas modificaciones que la adjudicataria achaca a "deficiencias en el proyecto que impedían su ejecución" y que se plantearon "desde el primer momento". .

Estas tiranteces iniciales, por el planteamiento de los cambios y el rechazo a aplicarlos por el Ayuntamiento, se fueron acrecentando hasta que en septiembre de 2020 el Consistorio decidió resolver el contrato con el adjudicatario del concurso de ideas y la dirección facultativa, el arquitecto Fernando Bayo. Este profesional impugnó la rescisión, que luego avaló el Consejo Consultivo de Aragón. La constructora descarga la responsabilidad del retraso en la falta de entendimiento entre la administración local y el diseñador y en la ausencia de contestación a sus dudas sobre la ejecución de los trabajos.

Cambios "justificados"

Por su parte, el arquitecto ya alegó hace un año que "cada una de las modificaciones han sido debidamente informadas y justificadas técnicamente". El Ayuntamiento defiende en el expediente en que sí se han respondido las dudas de la UTE constructora y que no se han probado "causas insalvables que obligasen a modificar el proyecto".

Ante esto, el portavoz del PSOE, Víctor Ruíz, confirmaba que han solicitado una comisión de Urbanismo extraordinaria en la que piden informes del concejal del ramo, de la dirección de la obra y de la empresa adjudicataria sobre el porcentaje de obra ejecutada y las incidencias, así como que Intervención cuantifique las consecuencias en la recepción de las subvenciones. Ruiz ha acusado a PP y Cs de ocultar información y de imposibilitarles visitar el edificio sin la presencia de ediles populares. Además, manifestó sus dudas sobre "si hay dirección de la obra, porque es imposible jurídicamente que sea el mismo que el responsable del contrato" y explicó que ha solicitado como senador la información que posee el Ministerio de Hacienda sobre la obra.

Desde el PP, el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno, no se pronunció sobre el fondo del asunto aludiendo a que está en plazo de alegaciones. Sí que puntualizó que la solicitud de comisión se atenderá y que el pasado martes se facilitó al PSOE la copia del expediente "y entonces no realizaron ninguna pregunta, teniendo toda la información".

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