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tribunales

Juzgan por estafar a su exnovia al interino del Inaem que usó datos de 27 alcaldes para pedir créditos

David M. R. está acusado de abrir varias cuentas a nombre de la mujer sin que ella lo supiera y solicitar 30.000 euros.

JUICIO POR ESTAFA CONTRA DAVID ARTURO M. R. /  AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA / 27/09/2021 / FOTO : OLIVER DUCH[[[FOTOGRAFOS]]]
David Arturo M. R., durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. 
Oliver Duch

David M. R. se convirtió en 2018 y 2019 en la pesadilla de varios alcaldes aragoneses que vieron embargado su patrimonio por no pagar créditos exprés que ellos ignoraban haber pedido. El hombre, de 46 años y en ese momento funcionario interino del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), se estaba aprovechando de su puesto para robar los datos personales de 38 personas, entre ellas 27 alcaldes, y solicitar a su nombre préstamos (60.000 euros) en bancos vía internet. Por esta causa fue detenido en agosto de 2019.

Esa estafa, que luego admitió ante la Audiencia –lo que le sirvió para reducir su condena–, la empezó a tramar en junio de 2017, justo un mes después de que su novia lo plantara tras descubrir que había usado sus datos personales para abrir cuentas en diferentes entidades bancarias y pedir créditos por importes de entre 2.000 y 15.000 euros. El perjuicio que causó a su expareja fue de 30.000 €.

La coincidencia de las fechas se puso este lunes de manifiesto en el juicio que se celebró contra él (el segundo que lleva este año) ante el tribunal de la Sección Primera. David M. R. y la joven se conocieron en julio de 2016 y convivieron juntos hasta mayo de 2017. La relación la cortó de raíz la víctima cuando un cajero automático se tragó su tarjeta y, al preguntar en la sucursal, le dijeron que había sido una medida de seguridad porque era una cliente de "riesgo", ya que tenía "excesivos" créditos.

“No me lo podía creer”, declaró este lunes la mujer, quien recordó que su vida financiera se limitaba a pagar el alquiler y a la preparadora con la que en ese momento estudiaba oposiciones. De repente, la joven descubrió que tenía abiertas seis cuentas en tres bancos distintos, además de la suya de siempre y otra que compartía con él para los gastos del piso. “Llamé a David delante del empleado del banco, pero me gritó, se enfadó por desconfiar de él y me colgó. Tras avisar a mi padre, se presentó y dijo que sí que había pedido esos préstamos, pero en su cuenta, no en la mía”, manifestó.

Cuando se marchó, en el banco le dijeron que eso era “imposible”. “Me pidieron la tarjeta de coordenadas y, al comprobarla, descubrí que la que llevaba no era la mía, que la mía la tenía él”, declaró. Con el tiempo, averiguó también que podría haberle hackeado el móvil y que conocía su PIN de las tarjetas porque era el mismo que usaba para el teléfono. “Me extrañó porque me desaparecieron conversaciones completas; porque había mensajes que no me llegaban y porque a veces me preguntaba sobre cosas que nunca le había contado”, relató.

David M. R., por su parte, negó haber tenido acceso a sus tarjetas y que las transferencias de unas a otras las hizo su expareja de manera voluntaria y consciente. “Yo estaba pagando la pensión a mi exmujer y a mis dos hijos, la hipoteca y necesitaba dinero y ella me ayudó”, declaró. “Sé que me hizo una transferencia de 13.000 euros el día de mi cumpleaños para cancelar un crédito que tenía unos intereses muy altos”, explicó.

El acusado, que tras cortar la relación volvió a convivir con la madre de sus hijos, negó haber reconocido en algún momento los hechos ante el empleado del banco, aunque admitió que intentó llegar a un acuerdo con la víctima para que no lo denunciara. “No quería involucrar a personas cercanas”, señaló en relación a un familiar que trabajaba en una de las sucursales y que le facilitó una tarjeta de coordenadas de la cuenta de su exnovia.

Este lunes, como ya hizo en marzo pasado, antes de empezar el juicio su abogado, Ignacio Serrano, intentó llegar a un acuerdo, e incluso pretendió la suspensión de la vista, a lo que no accedieron los magistrados puesto que no había ningún acuerdo cerrado con el abogado de la acusación, Luis Tomás Ortega, ni con la fiscal, que piden seis años de cárcel y la devolución de los 30.000 euros

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