tranvía de zaragoza
Los conductores del tranvía endurecen mañana la huelga en hora punta y en pleno inicio de curso
Las bonificaciones en las tarifas del bus llegarán a usuarios de todas las edades.
Después de ocho meses de paros parciales, con siete convocatorias de huelga, el conflicto en el tranvía entra mañana en una nueva fase. En plena vuelta a la actividad en los centros educativos y en las horas puntas de los días laborables, los conductores inician una nueva tanda de paros que amenazan con poner en jaque la movilidad de la ciudad en pandemia y con una caída de usuarios del 30% que está generando un notable agujero económico en la concesión.
Los paros, que han causado una gran preocupación tanto en el Ayuntamiento como en la propia concesionaria Los Tranvías de Zaragoza, se producirán cuando más duele, desde el miércoles: de 6.45 a 9.15 y de 13.00 a 15.30 todos los días laborables y hasta el 7 de octubre. Solo habrá una excepción, el día 15, cuando los usuarios verán aumentar sus tiempos de espera entre las 7.15 y las 10.15 y entre las 13.00 y las 15.30. El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado unos servicios mínimos del 60% que, según explicó la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, son "los más elevados teniendo en cuenta la legalidad y respetando el derecho a la huelga".
De momento no hay opciones de marcha atrás, dado que no se negociará hasta el último momento para evitar la huelga. El comité, después de las asambleas con los trabajadores, no contestará a la última oferta de la empresa en el servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) hasta el próximo día 13. Ante esta decisión, Chueca reclamó a los representantes de los trabajadores que paralicen la huelga hasta que la plantilla se haya podido posicionar sobre la última oferta de la empresa, que a su juicio supone "un esfuerzo importante" si se compara con la situación del resto de las contratas. El comité rechazó la petición mientras las mejoras que demanda "no se cumplan en su mayor parte".
La empresa también se movió este lunes con un duro y extenso comunicado de prensa en el que habló de "chantaje a la ciudad" y en el que lamentó que "la única herramienta de negociación" para el comité sea la huelga después de "60 reuniones" para desbloquear el convenio, caducado desde diciembre de 2018. En la nota, detallan la propuesta para llegar a un acuerdo laboral.
Entre otros aspectos, se plantea una reducción de la jornada anual de 8 horas durante tres años hasta llegar a las 1.688 en 2023, 24 menos que en la actualidad. Indican que se van a computar los tiempos no efectivos de los conductores, por lo que "trabajarán de media cuatro jornadas menos".
La empresa subrayó que se mantiene el poder adquisitivo, "con un incremento acumulado del 6,8% del IPC" hasta el final del convenio. Citó una nueva nómina de verano, "que incluiría un plus actualmente variable de 460 euros vinculado al absentismo para conformar una paga al final del convenio de 1.260 euros". Hay nuevos pluses, aumento de horas para formación y estabilidad en el empleo. Frente a esto, la empresa cargó contra el comité por no someter la propuesta a votación entre los trabajadores y por mantener "exigencias económicas inasumibles". "Demuestran su indiferencia por el futuro de la empresa y el de la ciudadanía, que se verá afectada por la huelga", dijo.
Los trabajadores se remitieron al comunicado enviado el viernes en el que consideraron que no se está cumpliendo el proyecto de explotación, ni el número de horas anuales, ni las de formación ni el número de trabajadores necesarios. Criticaron que no se regule la duración máxima de la jornadas, ni la reducción de la conducción ininterrumpida, actualmente en 5 horas y media. Y subrayaron que, en el capítulo retributivo, "la empresa ofrece como subida lo que nos adeuda de los IPC desde el año 2019 y los pluses que ya cobramos en la actualidad". "Fuera de ese IPC y de nuestro pluses la subida que se nos ofrece es de 20 euros netos al mes", dijo el comité, que recordó que existe una brecha salarial del 30% con los conductores del bus.
El portavoz del comité, Julián Aramendía, explicó que el próximo viernes habrá una asamblea para analizar la situación. Criticó además que los servicios mínimos del 60% son "abusivos" y acusó a la empresa de "obstaculizar y limitar" el derecho a la huelga "alterando" la organización, además de poner servicios de huelga "a trabajadores de contrato eventual".
