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La pareja de Zaragoza a la que un juez quitó su casa por un 'olvido' denuncia un intento de estafa

El matrimonio acusa al promotor que construyó su vivienda de introducir una sospechosa cláusula en la escritura para que la finca siguiera a su nombre en el registro de la propiedad, lo que permitió que acabara embargada para saldar sus deudas

José Manuel y Maribel, delante del adosado que están a punto de perder.
José Manuel y Maribel, delante del adosado que les han quitado y ahora intentan recuperar.
Toni Galán

El matrimonio de María de Huerva al que le embargaron una casa que era suya y por la que no arrastraba ninguna deuda acaba de querellarse contra el promotor de la urbanización. Y lo ha hecho porque está convencido de que este urdió un plan para que el adosado siguiera inscrito a su nombre en el registro de la propiedad, circunstancia que resultó crucial para que un juzgado instara su embargo y posterior subasta. Los denunciantes, José Manuel Cadena y Maribel Serrano, dicen haber visto evaporarse 144.382 euros, porque ese fue el precio en el que fue tasado el inmueble. Se sienten víctimas de un tremendo engaño y les duele que se hayan aprovechado de su honradez y falta de conocimientos legales para perpetrar esta presunta estafa. Razones, aseguran, por las que están dispuestos a llegar «hasta el final».

La pesadilla de esta pareja comenzó en febrero de 2020, cuando recibieron una carta del Catastro notificándoles la baja en la titularidad de la finca, ubicada en el número 4 de la calle Italia de María de Huerva. Ellos eran los titulares de la escritura, firmada en 2008, lo que ignoraban hasta entonces es que    la casa seguía inscrita en el registro de la propiedad a nombre de Pedro G. P., promotor de la urbanización y contra quien han presentado ahora la querella por supuesta estafa y falsedad documental. Como este hombre arrastraba una elevada deuda, el banco terminó exigiendo el embargo de sus propiedades. Y al preguntar por sus bienes, se toparon con    el adosado de María de Huerva.

El matrimonio se hizo con la vivienda por medio de una permuta, ya que era el dueño del terreno sobre el que se edificó y traspasó su titularidad a Pedro G. B. a cambio de uno de los inmuebles. El constructor cumplió inicialmente lo pactado y les entregó la casa, pero Manuel Cadena y Maribel Serrano no fueron conscientes entonces de que la escritura tenía una cláusula «envenenada».

Una cláusula «envenenada»

Según el abogado Rafael Ariza, en el que el matrimonio ha puesto todas sus esperanzas en esta    batalla judicial por recuperar la casa, el supuesto ardid del querellado residiría en la forma en que se redactó la escritura. «Sorprendentemente, en la referida escritura de 6 de marzo de 2008, se introdujo una cláusula numerada  como la tercera en la que, en contra de lo habitual, se solicitaba al notario que no expidiera copia autorizada al registro de la propiedad», dice el letrado en la querella. «Tal cláusula –añade–, en modo alguno fue introducida por los querellantes, que carecían de conocimientos suficientes para comprender la trascendencia de la misma». Recuerda además Rafael Ariza que fue por voluntad expresa del promotor que el trámite de la escritura se hiciera en una oficina de su entidad bancaria y no en una notaría, «que es lo habitual».

Según el abogado del matrimonio, los únicos que ignoraban que faltaba por cumplimentar la nueva inscripción en el registro de la propiedad eran su clientes. «Es claro que los querellados eran perfectamente conocedores», dice. Remarca también algo que considera importante: «No solo no dieron a conocer la transmisión en el juzgado –que cursaba el embargo de sus bienes– , sino que expresamente la ocultaron para conseguir que sus deudas personas fueran satisfechas».

Campaña en redes sociales

Desde que José Manuel Cadena y Maribel Serrano hicieron público su particular vía crucis a través de HERALDO, no han dejado de recibir apoyos y muestras de solidaridad. Para tratar de canalizar esta respuesta popular, la pareja recurrió incluso a las redes sociales, donde impulsó una campaña a través de la plataforma ‘Change.org’, en la que han    firmado ya cientos de personas. En cualquier caso, el matrimonio sabe que la justicia les quitó su casa y es ahora la única que puede  devolvérsela.

Con la ley por delante y negándose a pasar por los malos del procedimiento judicial que ha costado su casa a estos vecinos de María de Huerva, Altamira Santander Real Estate, inmobiliaria que se hizo con el adosado en la subasta, aseguró que se le había acusado «gratuitamente» y «sin fundamento alguno» de actuar de mala fe. Ahora, a quien se señala expresamente es al promotor de la urbanización y será el juez quien diga si aprecia o no indicios de delito.

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