El Ayuntamiento de Zaragoza acumula este año pagos de facturas sin contrato por valor de 33 millones
PP-Cs dice que se han regularizado servicios por 400 millones, pero la oposición habla de "incapacidad de gestión" y avisa de los "sobrecostes" para los zaragozanos.
El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha tenido que afrontar este ejercicio un total de 33 millones de euros en facturas sin el soporte contractual adecuado, en la mayoría de los casos por estar caducado. Entre los servicios públicos que están en esta situación figuran algunos tan relevantes como el de limpieza pública y recogida de residuos, la conservación de los parques y jardines o el alumbrado público.
Así lo detalló ayer la concejal de Hacienda, María Navarro, a preguntas de ZEC, que acusó al gobierno de haber llegado a "la cifra más alta en años". No obstante, este es uno de los problemas endémicos del Ayuntamiento desde hace más de una década. De hecho, en 2019, último año del que hay datos oficiales y en que ZEC dejó la alcaldía de Zaragoza para dar paso al PP, se computaron 86,8 millones. Entre 2014 y 2019, el incremento fue del 65%.
Estos datos han sido puestos de relevancia en diversas ocasiones por el interventor municipal, que advierte que esta fórmula de pago, mediante expedientes conocidos como reconocimientos extrajudiciales de crédito o convalidaciones de gasto, debería ser "excepcional" y que podría suponer "la nulidad absoluta" de los contratos. El perjuicio que causa seguir pagando un servicio público con el contrato caducado es que impide la competencia entre las empresas interesadas, por lo que no se pueden lograr mejoras en los precios, además de afectar a los principios de concurrencia y transparencia.
El gobierno PP-Cs dijo estar haciendo todos los esfuerzos para paliar el problema. El departamento de Contratación, tradicionalmente con problemas de personal, precisa de trámites largos y farragosos para desbloquear las licitaciones. Como ejemplo, el contrato de parques y jardines: está caducado desde enero de 2018 y, aunque se licitó de nuevo en enero, sigue pendiente de adjudicación siete meses después.
"Quiero dejar en cuatro años las cosas mejor que las encontré", afirmó María Navarro, que hizo hincapié en el "trabajazo" que están haciendo los funcionarios de contratación para desatascar expedientes. La responsable municipal explicó que en los últimos dos años el gobierno PP-Cs ha licitado contratos por valor de 400 millones de euros y recordó que, además de adjudicarse parques y jardines (20 millones de euros al año), próximamente saldrá a concurso la limpieza y la recogida de basura.
Citó además otros contratos que hay ya en marcha, como el de limpieza de dependencias municipales (14 millones anuales), alumbrado (7,7 millones), contadores (4,5 millones), instalaciones deportivas (1,1 millones), servicios postales (3,8 millones) o el control, mantenimiento y socorrismo de varias instalaciones deportivas municipales (3,2). Insistió que se ha puesto en marcha la Cátedra de Contratación en la Universidad de Zaragoza. "En el momento en que se vayan adjudicando, se reducirán los reconocimientos y convalidaciones, que como dije nada más llegar, nos iba a costar tiempo", concluyó.
Críticas de PSOE y ZEC
Pero las explicaciones de la responsable del área parece que no convencieron a los grupos de la oposición. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, recordó que hay alrededor de una docena de contratos caducados, una cifra que consideró muestra de la "incapacidad de gestión" de la coalición PP-Cs. Y lamentó el "sobrecoste" que esta situación esta teniendo para "el bolsillo de los zaragozanos".
La edil socialista citó el de parques y jardines, que cada mes cuesta, según dijo, entre 300.000 y 400.000 euros más de lo que era habitual cuando la vinculación estaba en vigor. De hecho, a 1 de enero de 2021 el Ayuntamiento había abonado 10 millones de euros de más a la contrata FCC en los tres años que el servicio ya llevaba prestándose en reconocimiento de obligaciones. "Ya llevamos dos años de gobierno, se ha acabado excusarse en la herencia recibida", reclamó.
Alberto Cubero, de ZEC, dijo que los 33 millones son "una trampa", dado que esa es solo la cifra que se ha pagado, no el total que representan los servicios sin contrato. Según sus estimaciones, suponen 80 millones, un tercio de todos los contratos de servicios.
